En 2010 la DEA advirtió a Uruguay que sicarios pretendían matar a Julio Guarteche, quien entonces estaba a cargo de la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas.
En estos días la detención en Estados Unidos de figuras claves del narcotráfico mexicano concita la atención. Fuentes policiales contaron a El País que, hace no tanto tiempo, funcionarios uruguayos que estaban en la primera línea del combate contra el tráfico de drogas estuvieron en la mira de carteles mexicanos. En 2010 la estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) advirtió a Uruguay que sicarios enviados por el Cartel de Sinaloa, pretendían matar a Julio Guarteche, quien entonces estaba a cargo de la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas y quien luego fue director de la Policía Nacional.
En Uruguay y en Argentina hubo actuaciones en el pasado reciente de integrantes de Jalisco Nueva Generación/Los Cuinis y el de Sinaloa, hoy enfrentados a muerte.
En febrero de 2008 se detectó un brazo del cártel de Sinaloa, liderado por “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada” en el paraje La Concordia, Soriano. El cártel mexicano utilizó la estancia “El Catalán” para aterrizar una avioneta con 142 kilos de cocaína.
Los representantes en Uruguay de la organización vivían en lujosos apartamentos de La Barra, en Maldonado, y habían llegado al mismo tiempo que otros lugartenientes que fueron enviados a la Argentina. En ese entonces, la Brigada Antidrogas recibió información de que los narcos mexicanos traerían cocaína por avión desde Bolivia. En el operativo se utilizó un helicóptero para trasladar los policías armados a la estancia ubicada en Soriano. La Policía pidió autorización al entonces presidente, Tabaré Vázquez, para realizar el despegue del helicóptero desde la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia. La policía prefirió no partir del Aeropuerto de Carrasco para evitar sospechas. Vázquez dio permiso. El helicóptero aterrizó cerca de “El Catalán”. La Policía rodeó el establecimiento y esperó la llegada del avión proveniente de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con la cocaína. Los policías observaron como el cargamento era trasladado a otros autos. Al salir de la estancia, los dos vehículos fueron detenidos. Fueron capturados dos miembros del cartel de Sinaloa y tres uruguayos. Uno de los detenidos se encargaba en disimular en exportaciones de pescado los embarques de droga a otros países.
La agencia antidrogas estadounidense (DEA) comunicó al entonces director Nacional de Drogas, Julio Guarteche, que sicarios enviados por el cártel mexicano de Sinaloa pretendían asesinarlo. Otras posibles víctimas iban a ser la fiscal Mónica Ferrero y el juez de Crimen Organizado, Jorge Díaz.
Según supo El País de una alta fuente del Ministerio del Interior de la época, el atentado contra Guarteche se realizaría mediante explosivos.
El 21 de abril de 2016, el mexicano Gerardo González Valencia, cuñado del capo del Jalisco Nueva Generación y hermano del líder de los Cuinis, Abigail González Valencia, fue detenido frente a un colegio ubicado en el barrio de Carrasco cuando se aprontaba a huir del país. El operativo de seguimiento de González Valencia llevó un año. Tras recibir informes de sus pares argentinos, investigadores policiales presumían que González Valencia tenía como misión lavar dinero en Uruguay.
Al día siguiente de su captura, unos 30 policías de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, armados con subfusiles automáticos y chalecos antibalas, custodiaron a Gerardo González Valencia hasta su ingreso a la sede del Juzgado Especializado en Crimen Organizado. Allí fue interrogado por lavado de activos mediante la compra de propiedades en Punta del Este. Sobre el detenido pesaba una requisitoria de Estados Unidos por tráfico de drogas. Durante su estadía en la Guardia Republicana, González Valencia se contactó 12 veces con el capo de la mafia italiana Ndrangheta, Rocco Morabito, preso en Cárcel Central.
Los traslados de González Valencia para visitar a Morabito se hacían sin orden judicial y bajo el pretexto de que era para visitas conyugales. Esto ocurrió a pesar de que en su lugar de reclusión el mexicano disponía de las instalaciones adecuadas para ello.
Cuando asumió el ministro del Interior Jorge Larrañaga ya estaba pedida y autorizada por la Justicia uruguaya la extradición de González Valencia y se estaba esperando que policías estadounidenses vinieran a buscarlo. Ello ocurrió en 2020.
Según analistas brasileños, los carteles mexicanos se aliaron con el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho para traficar cocaína a Europa. La droga sale de Bolivia o Colombia y es alijada en depósitos ubicados en Brasil. Los grupos brasileños la colocan en barcos en Santos, Paranaguá y Rio Grande que se dirigen a Europa. Allí venden la cocaína a las mafias italianas.