El intendente electo de Soriano por el Partido Nacional, Guillermo Besozzi, se encuentra en el centro de una compleja situación judicial y política tras ser imputado por múltiples delitos vinculados a su gestión anterior. Aunque legalmente puede asumir el cargo, una medida cautelar judicial le prohíbe ingresar a las dependencias municipales, lo que plantea serias dudas sobre su posibilidad de ejercer efectivamente el gobierno departamental.
¿Puede asumir pese a estar imputado?
Sí. La legislación uruguaya no impide a un ciudadano imputado —pero no condenado— asumir un cargo público. La presunción de inocencia que rige en el sistema jurídico uruguayo lo habilita a asumir el cargo para el que fue electo, en tanto no exista una sentencia firme en su contra. Sin embargo, este derecho entra en tensión con las restricciones que impone la Justicia en su contra.
¿Qué le impide acercarse a la Intendencia?
Una de las medidas cautelares impuestas por la jueza Ximena Menchaca establece que Besozzi no puede ingresar a ninguna dependencia de la Intendencia de Soriano. Esta restricción incluso le impidió votar en las elecciones del 11 de mayo, dado que su circuito estaba ubicado dentro de una oficina municipal. La imposibilidad de concurrir físicamente al edificio comunal le imposibilita ejercer, de momento, las funciones para las que fue electo.
¿Cuáles son los delitos que se le imputan?
Besozzi fue imputado por el Ministerio Público por una extensa lista de delitos contra la administración pública, entre los que se incluyen:
Reiterados delitos de peculado
Tráfico de influencias
Concusión
Omisión de denunciar delitos
Cohecho simple
Abuso de funciones
Coautoría de cohecho calificado
Estas imputaciones fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, que ratificó la decisión judicial de primera instancia.
¿Qué postura tiene la Corte Electoral?
La Corte Electoral aceptó la justificación de Besozzi por su ausencia en la votación, amparándose en la medida judicial que le impide ingresar al local de votación. No obstante, el organismo aún debe pronunciarse sobre si el intendente electo puede efectivamente asumir en el contexto actual, lo cual será materia de análisis institucional.
¿Qué hará la defensa?
La defensa de Besozzi, encabezada por el abogado Juan Fagúndez, anunció que solicitará una audiencia ante la jueza para revisar la medida cautelar que le impide acercarse a la sede comunal. El objetivo es lograr una modificación que le permita asumir el 10 de julio como estaba previsto.
Un caso sin precedentes
El caso de Besozzi pone a prueba los límites del sistema democrático uruguayo en situaciones de tensión entre el derecho electoral y la actuación judicial. Aunque el intendente electo aún no ha sido condenado, las restricciones judiciales vigentes le impiden ejercer. La resolución final dependerá de cómo la Justicia y la Corte Electoral articulen sus decisiones en las próximas semanas.
Este caso podría sentar un precedente clave en la interpretación de los alcances del mandato popular frente a las responsabilidades judiciales de los gobernantes.