Como resultado de los bombardeos, murieron cinco personas, a las que Washington identificó como presuntos “narcoterroristas”.
Según el comunicado oficial difundido en la red social X, la inteligencia estadounidense determinó que las embarcaciones circulaban por rutas habituales del narcotráfico y estaban involucradas en operaciones ilícitas. En el primer ataque murieron tres personas, mientras que en la segunda embarcación fallecieron otras dos, detalló el Comando Sur.
Con este nuevo episodio, la cifra de víctimas fatales de la campaña antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump en el Pacífico y el Caribe supera el centenar, alcanzando al menos 104 muertos, de acuerdo con un recuento elaborado por la agencia AFP en base a información oficial.
No obstante, los operativos han generado una fuerte polémica internacional y política. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas que confirmen la vinculación directa de las embarcaciones atacadas con el narcotráfico, lo que abrió un debate sobre la legalidad de estas acciones militares.
La Organización de las Naciones Unidas, expertos en derecho internacional y diversas organizaciones no gubernamentales han expresado serias dudas sobre el marco legal de los bombardeos. A nivel interno, legisladores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano cuestionan que el presidente tenga autoridad legal para ordenar este tipo de ataques sin una autorización específica del Congreso.
En este contexto, la Cámara de Representantes rechazó esta semana dos iniciativas legislativas que buscaban regular o limitar por ley estas operaciones militares. Propuestas similares también fracasaron en el Senado, dejando sin cambios el actual esquema de actuación.
La intensificación de la campaña antidrogas se produce en paralelo al aumento de la presión política de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos acusa de liderar una red de narcotráfico internacional, lo que agrega un componente geopolítico adicional a una estrategia que sigue generando controversia y cuestionamientos legales.