La presencia de caballos sueltos en calles, rutas y barrios periféricos se ha transformado en un grave problema de seguridad pública en Uruguay. Los datos oficiales son contundentes: cada año se registran cerca de 100 accidentes provocados por equinos en la vía pública, muchos de ellos con consecuencias fatales.
En 2024 murieron cinco personas y en lo que va de 2025 ya se contabilizan tres fallecidos. Sin embargo, pese a la magnitud del problema, las autoridades reconocen que no existe una coordinación efectiva entre los organismos encargados de controlar la tenencia de animales, removerlos de la vía pública y sancionar a los responsables.
Una tragedia que se repite
El caso de Agustín, un joven de 23 años de San José, ilustra la dimensión humana del drama. El 8 de julio de 2024, mientras viajaba en moto rumbo a Raigón, un caballo cruzó la ruta 11 y el impacto cambió su vida para siempre. Estuvo 24 días en CTI, pasó meses en coma y hoy continúa un largo proceso de rehabilitación.
Su madre, Susana, asegura que el accidente “no fue una fatalidad, sino el resultado de la negligencia del Estado”. El dueño del animal nunca fue sancionado: “Declaró que el caballo se lo había regalado a otro y ahí quedó todo”, lamenta.
Historias como la de Agustín se repiten en todo el país. Solo en 2024 hubo 113 accidentes con animales embestidos en rutas nacionales, y en 2025 ya se reportaron 106 casos, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).
Casos recientes y muertes evitables
El 5 de octubre, en la ruta 9 (Rocha), una camioneta volcó tras embestir a un caballo; entre los heridos había dos niños. Esa misma noche, en Durazno, otro vehículo chocó contra un equino, dejando dos mujeres lesionadas.
Una semana después, un repartidor en moto chocó con una tropilla en Villa del Bosque (Canelones). Y en enero de este año, una mujer murió en Salto tras un accidente con una tropilla de 23 caballos. Otro motociclista falleció en mayo, en la ruta 8 de Montevideo.
Un problema estructural y sin responsables
El comisario mayor Marcelo Moreira, jefe de la Inspección General de la Dirección Nacional de Policía Caminera, reconoce que la raíz del problema está en la falta de tenencia responsable.
“Los animales que terminan en la ruta no salen de un haras ni de un predio en buen estado; salen de baldíos, alambrados caídos o campos sin mantenimiento. Son condiciones críticas”, explicó.
Cuando logran identificar el origen del animal, casi nunca hay sanciones. La mayoría son caballos sin marca ni chip, conocidos como “orejanos”, imposibles de rastrear.
Aun así, Moreira admite que no existen protocolos claros ni recursos suficientes para capturar y trasladar los animales. “No tenemos vehículos especiales, ni todos los policías están capacitados. A veces solo logramos espantarlos de la ruta”, reconoció.
Un decreto que no se cumple
Desde 2022 está vigente el Decreto 233/022, que regula el retiro y destino de caballos sueltos. Pero, según María Laura Lachaga, de la ONG Trato Ético Animal, la norma “no se cumple ni se conoce”:
“Muchas dependencias policiales ni siquiera saben que existe. La policía no tiene formación ni infraestructura, y el Ministerio de Ganadería actúa tarde o con escasos recursos”, sostuvo.
El decreto establece que los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, junto con los gobiernos departamentales, deben coordinar el retiro de los animales. Sin embargo, los propios funcionarios reconocen que el proceso se tranca y los caballos permanecen días o semanas en condiciones precarias.
Entre el abandono, la cultura y la impunidad
La situación no se limita a las rutas. En barrios de Montevideo y ciudades del interior es común ver caballos atados o pastando junto a calles y avenidas.
El diputado Gastón Cossia, exdirector del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), denuncia una “ausencia total de control y fiscalización”.
“Hay una aceptación tácita de las infracciones. En Montevideo hay desidia: se permite que circulen carros tirados por caballos sin sanciones, y eso fomenta el descontrol”, afirmó.
En muchos casos, los animales son parte del sustento familiar, usados en tareas de recolección o transporte. Otros son vendidos ilegalmente por pocos pesos. “El problema no son los caballos —dice Lachaga—, el problema son los dueños y la falta de responsabilidad.”
Falta de coordinación y sanciones
Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el director general de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez, afirma que cuando se logra retirar un caballo, se hace una evaluación sanitaria y, si no aparece el dueño, se envía a remate.
Pero varios técnicos aseguran que los trámites se demoran meses. “Todos se lavan las manos. Es un fierro caliente”, admitió un funcionario del área de Santa Lucía.
Una deuda pendiente del Estado
Los expertos coinciden: el problema de los caballos sueltos no se resolverá solo con normas o multas. Se requiere una política nacional de tenencia responsable, con recursos, coordinación y educación.
Mientras tanto, las rutas siguen siendo escenario de tragedias evitables.
“El problema no son los caballos, son los dueños. Tiene que haber una ley que los obligue a responder”, repite Susana, la madre de Agustín, como un eco que interpela al Estado y a toda la sociedad.