El problema de las viviendas abandonadas vuelve al centro del debate legislativo. Según datos del último censo de 2023, en Uruguay existen cerca de 97.000 casas vacías o en estado ruinoso, muchas de ellas tapiadas o deterioradas, que contrastan con la creciente demanda habitacional de sectores vulnerables. Ante este panorama, el oficialismo propone un plan para abreviar los trámites de expropiación de estos inmuebles, especialmente aquellos con deudas compensables, con el objetivo de engrosar las carteras de tierras de las intendencias y del Estado.
Un fenómeno social y económico
El fenómeno de las viviendas desocupadas se arrastra desde hace tres décadas y afecta tanto a Montevideo como al interior del país. Además de implicar una pérdida económica por falta de uso y mantenimiento, el abandono de inmuebles favorece la inseguridad, ya que muchas de estas casas tapiadas terminan siendo utilizadas por el narcotráfico como puntos de venta de droga.
Mientras las zonas periféricas siguen creciendo con nuevos asentamientos, barrios céntricos se vacían, generando un desequilibrio urbano y social. Expertos en urbanismo señalan que este problema, más allá del déficit habitacional, también supone un desperdicio de infraestructura pública ya instalada.
Antecedentes y leyes ineficaces
Durante los últimos 18 años se aprobaron diversas leyes y medidas fiscales para revertir el abandono, pero los resultados han sido escasos.
La Ley de Ordenamiento Territorial (2008) habilitó la expropiación de inmuebles abandonados por más de 10 años, aunque su aplicación ha sido prácticamente nula.
En 2018, otra norma permitió la venta judicial de viviendas vacías durante más de 24 meses y degradadas, pero apenas 40 casos se encuentran actualmente en estudio.
En Montevideo, nuevos impuestos municipales intentaron desestimular el abandono, sin lograr modificar la tendencia.
Finalmente, una disposición del gobierno anterior obligó a los organismos estatales a informar sobre sus predios vacantes, pero solo se concretó un caso efectivo.
Una nueva estrategia en debate
El senador frenteamplista Óscar Andrade, presidente de la Comisión de Vivienda, repasó recientemente los limitados resultados de las leyes anteriores y planteó la necesidad de un mecanismo más ágil de expropiación. La idea es que las intendencias puedan incorporar rápidamente al patrimonio público aquellas propiedades en situación de abandono, utilizando las deudas impagas como compensación de valor.
El desafío será equilibrar los derechos de los propietarios con el interés general, en un contexto donde el acceso a la vivienda digna se vuelve cada vez más complejo. Si prospera la iniciativa, podría marcar un giro en la política habitacional del país, orientado no solo a construir nuevas viviendas, sino también a recuperar las que hoy yacen vacías en el corazón de las ciudades.