El Frente Amplio presentó este martes un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca brindar soluciones concretas al problema del sobreendeudamiento que afecta a cientos de miles de uruguayos. La iniciativa propone un mecanismo de reestructuración de deudas para personas de bajos recursos, establece límites a los intereses y prohíbe lo que considera prácticas abusivas por parte de prestamistas y entidades financieras.
El texto legislativo, que ya ingresó a estudio en la Comisión de Hacienda, apunta a atender la situación de los sectores más vulnerables del país, muchos de los cuales se encuentran hoy en el Clearing de Informes, sin acceso al crédito formal ni posibilidad real de saldar sus deudas.
El proyecto contempla que los deudores que cumplan con ciertos criterios patrimoniales y de ingresos puedan acogerse a un procedimiento de reestructuración judicial, que les permita cancelar sus pasivos sin perder sus bienes esenciales. Entre otras condiciones, los beneficiarios deberán tener ingresos líquidos anuales menores a 150.000 Unidades Indexadas (alrededor de 950.000 pesos) y un patrimonio dentro de límites establecidos por la norma.
Además, se establece que los intereses por mora solo podrán aplicarse sobre las cuotas efectivamente vencidas, y no sobre el total de la deuda, como ocurre en muchos contratos actuales. También se exigirá que toda oferta de crédito detalle de forma clara y visible la tasa de interés nominal, el monto total a pagar y los costos asociados.
El proyecto prohíbe expresamente las “prácticas abusivas” de cobro, como las llamadas insistentes fuera del horario permitido, el hostigamiento o la presión psicológica, que muchas veces enfrentan los deudores.
La iniciativa cuenta con el respaldo de Cabildo Abierto, que en años anteriores impulsó sin éxito un proyecto similar. Su líder, el senador Guido Manini Ríos, celebró el nuevo intento y declaró que “cualquier herramienta que limite los abusos financieros y ayude a las personas a salir del ahogo es bienvenida”.
La propuesta surge en un contexto en el que, según datos oficiales, cerca de un millón de personas en Uruguay figuran en registros de deudores. Para los impulsores del proyecto, esta situación representa una emergencia social y requiere una respuesta legislativa urgente.
El Frente Amplio buscará generar consensos en la comisión parlamentaria para avanzar hacia la aprobación del proyecto, con la expectativa de que pueda convertirse en ley antes de fin de año. Representantes de entidades financieras, organizaciones de consumidores y académicos serán convocados a participar del debate técnico.
El tratamiento del proyecto promete reavivar una discusión de fondo sobre el sistema de crédito en el país, el rol de los prestamistas no regulados y las garantías mínimas para los consumidores.