Con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el gobierno encabezado por Yamandú Orsi dio inicio este miércoles 25 de junio a una serie de jornadas para discutir la posible creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una propuesta que apunta a transformar la estructura del Estado uruguayo en materia judicial.
El evento, desarrollado en la Torre Ejecutiva bajo el título “Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay”, reunió a expertos nacionales e internacionales, legisladores de todos los partidos y representantes de organismos multilaterales, con el objetivo de generar insumos y consensos para avanzar en una futura reestructura institucional.
Entre los expositores internacionales se destacaron la exministra de Justicia de España, Pilar Llop, el exministro argentino Germán Garavano y la especialista colombiana Ana Linda Solano, quienes compartieron experiencias regionales sobre la conformación y funcionamiento de ministerios con competencias similares.
La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo incluye, entre sus principales objetivos, mejorar el acceso a la justicia, centralizar la representación jurídica del Estado y coordinar políticas públicas judiciales desde una visión integral. Además, prevé el traspaso del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) –actualmente bajo la órbita del Ministerio del Interior– al nuevo ministerio, en un intento por diferenciar funciones de seguridad y rehabilitación.
Desde el gobierno se remarcó que el nuevo ministerio no interferirá con la independencia del Poder Judicial ni del Ministerio Público, ni designará ni sancionará jueces o fiscales. Se trataría, indicaron, de una dependencia dentro del Poder Ejecutivo que coordinaría políticas sin afectar la división de poderes.
El presidente Orsi sostuvo que el proceso será gradual y se buscará que esté respaldado por una “base técnica y política sólida”. Si bien la creación del ministerio estaba contemplada en los programas de varios partidos en la campaña de 2024, algunos legisladores han planteado reparos sobre su alcance y la necesidad de garantizar su autonomía técnica frente a posibles usos políticos.
El seminario, que continuará con nuevos conversatorios en los próximos días, marca el puntapié inicial de un debate que promete extenderse durante buena parte del período de gobierno y que, de concretarse, implicaría una de las reformas institucionales más relevantes de los últimos años.