Tras varios días de cuestionamientos políticos y diplomáticos por los cambios implementados en los pasaportes uruguayos, el gobierno encabezado por Yamandú Orsi dio por finalizada la controversia. A su vez, el presidente ratificó públicamente su respaldo al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien fue objeto de críticas por parte de la oposición.
La polémica surgió luego de que Uruguay comenzara a emitir, desde el 16 de abril, una nueva versión del pasaporte sin el dato de “lugar de nacimiento”, en cumplimiento de estándares internacionales. Sin embargo, esta omisión generó complicaciones para ciudadanos uruguayos que intentaron ingresar a países como Alemania, Francia y Japón, donde ese dato es obligatorio para el otorgamiento de visas de larga duración.
Frente a la situación, el Ministerio Relaciones Exteriores resolvió dar marcha atrás y volver a emitir el formato anterior del documento a partir del 30 de julio. Los pasaportes ya emitidos en el nuevo formato seguirán siendo válidos, pero los ciudadanos podrán solicitar sin costo su reemplazo por el modelo tradicional.
Durante una entrevista televisiva, el presidente Orsi fue consultado sobre si el canciller debía renunciar, a lo que respondió: “Lo respaldo, cada vez más”. El mandatario reconoció que “hubo errores” en la implementación de la nueva política, pero aseguró que “se revisó y se corrigió”, descartando consecuencias políticas mayores para Lubetkin.
El oficialismo defendió la actuación del canciller. El senador frenteamplista Daniel Caggiani afirmó que la responsabilidad del cambio recaía principalmente en el Ministerio del Interior y no en Cancillería, y calificó como “absurdas” las críticas dirigidas a Lubetkin.
Por su parte, legisladores de la oposición mantuvieron sus reparos. Desde el Partido Nacional y el Partido Colorado se cuestionó la falta de previsión y de coordinación entre las carteras involucradas, así como la escasa comunicación a la ciudadanía y a los países receptores.
Pese a las tensiones, desde el Ejecutivo se insiste en que la situación está superada. Con el anuncio de la marcha atrás y el respaldo explícito al canciller, el gobierno busca cerrar el episodio y enfocar sus esfuerzos en otras prioridades de la agenda exterior y legislativa.
El caso evidenció la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y comunicación internacional, pero también permitió al oficialismo mostrar una rápida capacidad de reacción ante un problema que afectaba directamente a ciudadanos uruguayos en el exterior.