Montevideo, 16 de junio de 2025 – El Partido Comunista del Uruguay (PCU) atraviesa una de sus crisis más delicadas en años, tras confirmarse que el senador Óscar Andrade será citado a declarar como imputado en la investigación penal sobre el presunto desvío de fondos del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). La decisión de la Fiscalía no solo amenaza con impactar en la imagen pública de Andrade, sino que también altera los equilibrios internos del PCU en un año clave para su renovación dirigencial.
La situación judicial se desencadenó luego de que tres exdirigentes del Sunca —Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero— condenados por delitos de estafa, asociación ilícita y lavado de activos, declararan ante el fiscal Gilberto Rodríguez que parte de los fondos desviados del Fosvoc fueron destinados al Partido Comunista y al propio sindicato.
En base a estas afirmaciones, la Fiscalía resolvió imputar tanto a Andrade como al diputado Daniel Diverio, quienes según los testimonios eran “referentes políticos” dentro de la estructura financiera irregular. El fiscal Rodríguez sostuvo públicamente que los relatos recabados permiten afirmar que “de forma bastante sólida” parte del dinero se dirigía al financiamiento del PCU y del Sunca.
Frente a esto, el senador Andrade negó categóricamente las acusaciones, las calificó como un acto de difamación y adelantó que iniciará acciones legales una vez finalice la etapa judicial. Aseguró que no existen pruebas que lo involucren, ni transferencias, comunicaciones o documentación que lo vincule con el esquema.
La citación ocurre en un contexto político delicado para el PCU, que debe definir en diciembre su nuevo Comité Central y elegir secretario general. La vacancia actual en ese cargo es motivo de tensión interna, y la figura de Andrade —hasta ahora perfilado como posible sucesor de Juan Castillo— queda fuertemente comprometida por el escándalo.
Desde el Comité Ejecutivo del partido se decidió postergar cualquier declaración de fondo hasta el regreso de Castillo, actualmente en Ginebra por actividades internacionales. Dirigentes comunistas expresaron puertas adentro su molestia por el silencio institucional y temen que la falta de respuesta deje al partido en una posición vulnerable ante la opinión pública.
Además, se analiza el posible efecto dominó que podría generar la imputación de Andrade en el Frente Amplio, donde el PCU representa una de las fuerzas de mayor peso orgánico y territorial. Si bien desde la coalición aún no se ha emitido una posición oficial, crecen las voces que advierten que el proceso penal puede distorsionar el clima electoral interno y afectar la campaña nacional hacia octubre de 2025.
El caso Fosvoc, que en principio parecía circunscribirse a una red de exsindicalistas, se ha transformado en un episodio de alto voltaje político que amenaza con reconfigurar la interna comunista y el equilibrio de fuerzas dentro del Frente Amplio. A medida que avance la investigación, el desenlace judicial podría tener consecuencias directas en la estructura partidaria y en la proyección futura de sus principales figuras.