El Senado de la República aprobó este miércoles, con amplio acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el proyecto de modificaciones a la ley de lavado de activos, una de las prioridades legislativas del gobierno de Yamandú Orsi. La iniciativa, que busca reforzar el combate al narcotráfico y al financiamiento del terrorismo, fue celebrada por el Poder Ejecutivo como un avance clave en materia de seguridad y transparencia financiera.
Un acuerdo transversal tras una negociación intensa
La aprobación fue posible luego de una extensa negociación entre los partidos políticos, que permitió alcanzar consensos en varios puntos sensibles. El proyecto recibió el voto en general del Partido Nacional y del Partido Colorado, aunque este último lo apoyó en su totalidad con la excepción del senador Gustavo Zubía, quien se desmarcó en algunos artículos.
El texto ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en mantener los acuerdos alcanzados y avanzar rápidamente hacia su sanción definitiva.
Contexto: una prioridad del gobierno tras el atentado a la fiscal Ferrero
El impulso a esta ley se fortaleció luego del atentado sufrido por la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, el pasado 28 de setiembre. Al día siguiente, el presidente Yamandú Orsi convocó a los líderes de todos los partidos para solicitar unidad política en la lucha contra el crimen organizado, comprometiéndose a acelerar las reformas legales necesarias.
El mandatario había subrayado que “sin herramientas modernas, el Estado queda un paso atrás frente a las organizaciones criminales”, y consideró que esta ley constituye una respuesta institucional a una amenaza directa contra el sistema democrático.
Los principales cambios del proyecto
La nueva normativa propone intensificar los controles y ampliar las potestades de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), dotándola de mayores atribuciones para investigar operaciones sospechosas.
Entre los puntos más relevantes, se incluye la reducción del tope de transacciones en efectivo, buscando limitar el uso de dinero no rastreable, así como el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información entre organismos públicos y privados.
Estas modificaciones, según fuentes del gobierno, permitirán “dar un salto cualitativo en la capacidad del Estado uruguayo para detectar, prevenir y sancionar operaciones vinculadas al lavado y al financiamiento del delito”.
Repercusiones y próximos pasos
En Presidencia, el resultado fue interpretado como una victoria política y un gesto de madurez institucional, al lograrse un amplio respaldo en un tema estratégico para la seguridad nacional.
El proyecto deberá ser discutido ahora en la Cámara de Diputados, donde se espera un tratamiento ágil. De ser aprobado sin modificaciones, la nueva ley de lavado de activos se promulgaría antes de fin de año, consolidando un nuevo marco legal de cooperación interinstitucional frente al crimen organizado y reforzando el compromiso del país con los estándares internacionales en materia de transparencia financiera.