El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y el Comisionado Parlamentario Penitenciario presentaron un trabajo sobre las cárceles que luego enviarán a los candidatos a la Presidencia.
“El sistema penitenciario uruguayo se encuentra en una situación límite y explosiva”, las cárceles no están preparadas para “atender al volumen actual de la población”, “el presupuesto es muy insuficiente para las diversas necesidades”. Estas son solo algunas de las conclusiones del informe que se presentó este jueves de tarde del comisionado parlamentario penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
El informe es el resultado de una mesa de trabajo que se instaló luego de que fallecieran seis reclusos en un incendio en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar) en diciembre.
Fernández, del Inddhh, tiene la “esperanza y seguridad de que este no sea un informe más”, y “que se pueda avanzar en consensos necesarios” para generar cambios en el sistema penitenciario. Y recordó que hay “alrededor de unas 100.000 personas alrededor del mundo carcelario, sea porque son personas privadas de libertad, funcionarios, hijos” de reclusos.
Uno de los puntos centrales del estudio es la cantidad de personas que están en las cárceles. En el documento se sostuvo que hay una “gravedad de la situación de sobrepoblación y hacinamiento crítico del sistema penitenciario y sus efectos negativos para los cometidos de todas las instituciones que trabajan sobre la privación de libertad”. El volumen de reclusos hace que los “servicios penitenciarios se vean resentidos y que se afecte” su “dignidad”.
Por otra parte, se planteó que para la política aplicada de generar medidas alternativas a la prisión la dirección nacional que se encarga del tema “no cuenta aún con un presupuesto suficiente para presentar una propuesta fuerte como alternativa a la prisión de todo el país”.
Más adelante en el informe, se apuntó a otro problema: “El escenario actual de informalidad y de carencias estructurales dejan abierta a la posibilidad de corrupción en los distintos centros carcelarios, lo que además de perjudicar los fines institucionales del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), también afectarían al gasto público”.
En ese sentido, se enfatizó en la necesidad de una “transformación” del INR “que requiere autonomía para su gestión y un nuevo formato de gestión y dirección política para tener una voz fuerte tanto dentro de la administración como ante el Parlamento y el Poder Judicial”. Así como también se planteó que haya un “impulso a la formación del personal penitenciario, apertura de nuevos roles y mecanismos para atraer técnicos y personal”.