El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) emitió este martes 25 de junio un fallo con cuatro observaciones formales a la adquisición de un establecimiento rural por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), una operación que desde el inicio generó controversia tanto en el plano político como jurídico.
La compra de la estancia, anunciada por el gobierno como un homenaje póstumo al expresidente José Mujica, fue aprobada el pasado 28 de mayo únicamente con los tres votos de los directores oficialistas, sin el respaldo del resto del directorio. El predio, de 1.300 hectáreas y ubicado en el departamento de San José, fue adquirido por más de 32 millones de dólares, una cifra que representa la totalidad del presupuesto anual del INC.
En su análisis, el Tribunal de Cuentas enumeró las siguientes objeciones al procedimiento:
Insuficiencia de votos: el directorio del INC no logró la mayoría especial exigida por la normativa vigente para compras directas de alto valor. La ley establece que se requiere un mínimo de cuatro votos de los cinco miembros del directorio, y en este caso sólo hubo tres votos afirmativos.
Existencia de un gravamen no contemplado: el predio adquirido incluye un sistema de riego sobre el cual pesa una prenda vigente. El TCR cuestiona que no se haya precisado si esa deuda fue incluida en el precio de venta ni quién se hará cargo del pasivo.
Falta de disponibilidad presupuestal: al momento de concretar la operación, el Instituto no contaba con fondos presupuestales suficientes, lo que contraviene los principios de ejecución financiera del gasto público.
Exceso respecto al presupuesto anual: la cifra invertida supera ampliamente la partida asignada para todo el ejercicio 2025, lo cual representa un incumplimiento en términos de programación presupuestal.
La compra generó un fuerte revuelo desde su anuncio. El ahora exdirector del INC, Eduardo Viera, fue cuestionado por su doble condición de colono y jerarca, lo cual podría contravenir el artículo 200 de la Constitución. Viera renunció el mismo día de la votación tras admitir la incompatibilidad del cargo.
Desde la oposición, legisladores como Sebastián da Silva (Partido Nacional) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) denunciaron irregularidades y reclamaron explicaciones al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. En tanto, el Frente Amplio ha defendido la legalidad y el espíritu de la operación, resaltando el valor simbólico y productivo del predio adquirido.
El directorio del INC fue convocado a una sesión extraordinaria para analizar los pasos a seguir tras las observaciones del Tribunal. Aunque el fallo del TCR no impide la concreción del negocio, sí representa una advertencia formal que podría derivar en acciones legales o parlamentarias si no se subsanan los aspectos señalados.
La polémica trasciende el hecho puntual de la compra y se inscribe en un debate más amplio sobre la transparencia en el uso de fondos públicos, los límites institucionales del INC y la utilización política de recursos del Estado. A medida que avancen las investigaciones y posibles comparecencias parlamentarias, este caso podría tener repercusiones en la interna oficialista y en el clima electoral rumbo a octubre.