La audiencia, vinculada al caso de la mujer condenada por apropiación indebida por la herencia de un estanciero en Artigas, será el 25 de setiembre.
La intendenta de Artigas, Elita Volpi, quien asumió tras la renuncia de Pablo Caram, enfrenta una demanda civil por 5,6 millones de dólares, vinculada al caso conocido como el de la “vidente”, condenada por lavado de activos y apropiación indebida en una maniobra para engañar a la viuda de un estanciero en Artigas, en la que la víctima creía que se contactaba con su esposo fallecido.
La escribana Volpi, que fue la responsable de la escritura que cedió los derechos hereditarios de la víctima, fue codemandada junto a otros profesionales y se le reclama una indemnización de 5.595.000 de dólares por daños y perjuicios, según informó a la diaria el abogado demandante, Fernando Araujo.
La audiencia, en la que se reclamará la nulidad del escrito por el que fueron cedidos los derechos de la viuda, será el 25 de setiembre en el despacho de la jueza letrada de Artigas de segundo turno, Ana Aramburú.
En cuanto a la responsabilidad de Volpi, el fiscal Hermes Antúnez, quien fue el primero que investigó la causa, no encontró responsabilidad penal en el accionar de la escribana y definió el archivo del caso, pero los abogados demandantes pidieron un reexamen por otro fiscal, tal como prevé el artículo 98.2 del Código del Proceso Penal, que fue aceptado por la Justicia.
Tras reexaminar la causa, el fiscal Federico Rodríguez encontró evidencia que comprometía a la mujer que recibió los derechos de la herencia y, en mayo de 2024, la condenó mediante un acuerdo abreviado a dos años de prisión efectiva por un delito de apropiación indebida y lavado de activos.
El abogado de Volpi, Jorge Barrera, presentó un escrito, con un informe del abogado Gabriel Valentín, pidiendo el archivo del caso para su clienta, argumentando que en la medida en que la principal condenada no había incurrido en el delito de estafa, quedaba deslindada de responsabilidad la ahora intendenta, que estaba siendo investigada por una eventual coparticipación en ese delito. “Con eso se ratificaba nuestra postura que llevó al archivo del primer fiscal hace casi dos años”, señaló Barrera, al ser consultado por la diaria.
Ahora está pendiente, en material penal, el segundo archivo por parte del fiscal Federico Rodríguez, que fue pedido por la defensa de Volpi en febrero de este año.