La controversia en torno al presidente de ASSE, Álvaro Danza, volvió a ocupar el centro del debate político este lunes, horas antes de la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en la Cámara de Diputados. Legisladores del Partido Nacional y Colorado reclaman que Danza “devuelva” parte de los ingresos que percibió durante sus primeros meses de gestión, luego de que un informe técnico interno de la Jutep —respaldado por el vocal opositor Luis Calabria— concluyera que el jerarca recibió recursos provenientes del propio organismo que preside.
El punto central que alimenta el reclamo opositor es el complemento salarial que Danza cobraba como docente grado 5 de la Facultad de Medicina en el Hospital Pasteur. Ese ingreso mensual, de unos $ 78.000, era financiado parcialmente por la Universidad de la República y parcialmente por ASSE a través de su Comisión de Apoyo. El informe técnico de la Jutep determinó que Danza percibía así “fondos públicos del lugar donde preside”, lo que para Calabria constituye un “cobro indebido” y encuadra en la figura de “enriquecimiento sin causa”.
Una renuncia que reavivó las críticas
El informe de la Jutep señala que Danza renunció a ese complemento el 14 de octubre, mediante una carta al decano de Medicina, Arturo Briva. En esa misiva, el jerarca planteó su intención de “evitar todo tipo de inconveniente” derivado de la modalidad de pago, aunque aclaró que el programa FORHSA —desde el cual se financiaba su actividad docente— no se costea con recursos del inciso presupuestal de ASSE.
Para los legisladores nacionalistas, el solo hecho de admitir la posibilidad de un “inconveniente” confirma que Danza recibía una partida que no debía cobrar. “Es un enriquecimiento sin causa y por lo tanto debe ser resarcido”, afirmó el diputado Pablo Abdala, quien también será protagonista de la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el próximo 16 de diciembre. Según Abdala, el Estado sufrió un “perjuicio” que debe ser compensado.
En la misma línea se pronunció el diputado colorado Felipe Schipani, quien recordó que el artículo 200 de la Constitución impide que un jerarca reciba beneficios de la institución que preside. “El planteo de la devolución es adecuado; se configuró un enriquecimiento sin causa”, sostuvo, añadiendo que el impacto económico para Danza sería mínimo, dado que percibía más de $ 600.000 mensuales por su cargo en ASSE.
Algunos dirigentes van aún más lejos. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez consideró “indebido” incluso el cobro del salario como presidente de ASSE, dado que —a su juicio— el jerarca estuvo en situación de incompatibilidad constitucional durante los últimos meses. “Debe devolver lo que cobró indebidamente hasta ahora”, insistió.