Un estudio técnico encomendado por el propio gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó que la construcción de una represa en el arroyo Casupá representa una solución más robusta, confiable y sostenible que el proyecto Neptuno —también conocido como Arazatí— para abastecer de agua potable a Montevideo y su área metropolitana.
El análisis, elaborado por un consorcio de consultoras internacionales especializadas en gestión hídrica y bajo supervisión técnica de OSE y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), modeló múltiples escenarios de oferta y demanda proyectados hacia el año 2035. Los resultados fueron contundentes: mientras la represa de Casupá presenta capacidad de regulación suficiente incluso ante eventos de sequía extrema, Arazatí falla en responder adecuadamente a situaciones de estrés hídrico similares a las registradas en 2023.
Según el informe, Casupá no solo asegura el abastecimiento en el largo plazo, sino que permitiría mejorar la resiliencia del sistema frente a los efectos del cambio climático, al ofrecer una reserva estratégica con capacidad de regulación. En contrapartida, Arazatí se basa en la captación directa del Río de la Plata, sin almacenamiento intermedio, lo que lo vuelve vulnerable a variaciones estacionales, salinidad y presencia de cianobacterias.
Pese a que fue durante la gestión anterior que se promovió y licitó el proyecto Neptuno —defendido por OSE y el Ministerio de Ambiente como una solución inmediata a la crisis de abastecimiento— el propio estudio encargado por ese período gubernamental termina desaconsejando su implementación como solución estructural.
Actualmente, la administración encabezada por el presidente Yamandú Orsi ha descartado Arazatí y relanzado el proyecto Casupá como prioridad nacional. En paralelo, se impulsa la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y obras complementarias para fortalecer el sistema de distribución metropolitano.
OSE ya lanzó un llamado a expresiones de interés para la ejecución de la represa en Casupá, cuya inversión ronda los 130 millones de dólares y cuya ejecución está prevista para concretarse antes del año 2029.
Desde el oficialismo se valora el respaldo técnico del BID al proyecto Casupá como aval de su viabilidad y pertinencia. En tanto, desde la oposición se insiste en que Arazatí también cumplía con los requisitos técnicos, y cuestionan el enfoque jurídico y ambiental adoptado por el nuevo gobierno.
El informe, sin embargo, coloca en el centro del debate la necesidad de pensar soluciones hídricas a largo plazo, basadas en evidencia técnica y con enfoque de seguridad climática, alejadas de decisiones coyunturales o condicionadas por intereses comerciales.