El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se encuentra actualmente en Uruguay, según confirmaron fuentes del gobierno a medios locales. Desde la Cancillería uruguaya señalaron que el exmandatario “no tiene ningún impedimento de circular libremente” en el país.
Correa reside en Bélgica desde 2017, país que le otorgó asilo político en 2022, luego de que la justicia ecuatoriana solicitara su extradición tras haber sido condenado a ocho años de prisión por corrupción.
La presencia del exgobernante en territorio uruguayo generó reacciones en el ámbito político. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, cuestionó la situación a través de redes sociales, donde ironizó sobre la política internacional del gobierno encabezado por Yamandú Orsi y del canciller Mario Lubetkin.
No obstante, desde Presidencia de la República y desde la dirección del Frente Amplio indicaron que, por el momento, no está prevista ninguna reunión entre Correa y autoridades del gobierno ni con dirigentes oficialistas.
El exmandatario ecuatoriano fue condenado en el marco del caso Sobornos 2012-2016, en el que la justicia determinó la existencia de un esquema de financiamiento irregular del movimiento oficialista Alianza País. Según la Fiscalía, se recibieron aportes indebidos en el Palacio de Carondelet a cambio de la adjudicación de contratos estatales a diversas empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
En la misma causa fueron condenadas unas veinte personas, incluidos altos exfuncionarios. Entre ellos se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente recuperó la libertad tras un controvertido habeas corpus, mientras que otros implicados permanecen en prisión o se encuentran prófugos.
La sentencia contra Correa fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. La Fiscalía ecuatoriana sostiene que la trama de corrupción implicó el pago de sobornos por aproximadamente 7,6 millones de dólares.
Por su parte, Correa ha defendido reiteradamente su inocencia y cuestiona las pruebas en su contra, argumentando que los montos detectados en sus cuentas corresponden a un préstamo vinculado a su organización política.