El Poder Ejecutivo resolvió eliminar la posibilidad de que las empresas tabacaleras accedan a los beneficios impositivos previstos en la Ley de Promoción de Inversiones (16.906). La medida, adoptada “por razones de orden público”, revierte una decisión tomada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou en setiembre de 2020, que había permitido a esas compañías ampararse en el régimen de incentivos fiscales.
Reinstalación de la prohibición
El nuevo decreto, firmado por el presidente Yamandú Orsi, restablece la prohibición que había sido impuesta en 2018 por el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a través del Decreto 143/018, y que el gobierno anterior había eliminado.
En aquel texto se establecía que los entes autónomos y servicios descentralizados del Estado, así como las empresas tabacaleras, no podían acceder a los beneficios tributarios de la ley de promoción de inversiones.
Ahora, el decreto de Orsi vuelve a incorporar esa limitación, expresando que las empresas de la industria tabacalera “no podrán ampararse” en dichos beneficios. Además, aclara que los proyectos presentados por estas firmas, que estén pendientes de resolución, “no podrán ser declarados promovidos”.
Argumentos del Ejecutivo
Según el texto firmado por el mandatario y varios ministros, la decisión se fundamenta en “razones de orden público” y busca mantener coherencia con la Ley 18.256 de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo, aprobada durante el primer gobierno de Vázquez.
Dicha norma tiene como objetivo proteger a la población de los efectos sanitarios, sociales, ambientales y económicos derivados del consumo de tabaco y de la exposición al humo.
El nuevo decreto lleva también las firmas de los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca), además de la subsecretaria del Ministerio de Turismo, Ana Claudia Caram.
Revisión de políticas antitabaco
La resolución se suma a otras medidas adoptadas por el actual gobierno para reforzar las políticas antitabaco.
A comienzos de junio, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el Ministerio de Salud Pública anunció la derogación de los decretos 87/021 y 282/022, firmados durante la administración de Lacalle Pou.
El primero permitía la comercialización de dispositivos electrónicos de tabaco, mientras que el segundo modificaba las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos, bajo el argumento de “nivelar” la competencia con el contrabando.
Ambas disposiciones habían sido criticadas por sectores de la salud pública y por organizaciones internacionales que promueven el control del tabaco, al entender que debilitaban la política sanitaria que hizo de Uruguay un país modelo en la materia.
Contexto y antecedentes
El decreto de 2020 del gobierno de Lacalle Pou, emitido en plena emergencia sanitaria, había modificado la metodología de evaluación de proyectos de inversión, priorizando la generación de empleo y el valor agregado