El gobierno de Yamandú Orsi se apronta a enviar al Parlamento un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP), incluyendo la derogación de cambios incorporados por la Ley de Urgente Consideración.
La iniciativa será analizada en el próximo Consejo de Ministros y, una vez aprobada, remitida al Poder Legislativo. Desde el Ejecutivo se trata de uno de los proyectos prioritarios del año en materia de seguridad y justicia.
El CPP, vigente desde fines de 2017, implicó una transformación estructural del sistema penal uruguayo, al otorgar a la Fiscalía la conducción de las investigaciones y establecer juicios orales y públicos. No obstante, su implementación ha generado críticas y sucesivas modificaciones legales.
Según el gobierno, varios de esos cambios —especialmente los introducidos durante la anterior administración— afectaron el funcionamiento del sistema, por lo que en 2025 se conformó un grupo de trabajo en la órbita de Presidencia para elaborar una propuesta de reforma. Este equipo fue impulsado y monitoreado por el prosecretario Jorge Díaz, e integrado por juristas y actores del sistema judicial.
Entre las principales modificaciones, el proyecto prevé reinstaurar la figura de la suspensión condicional del proceso, una herramienta que permitía, en casos de delitos leves, evitar una condena de prisión mediante acuerdos entre las partes. Este mecanismo había sido eliminado en 2020 por la LUC.
Asimismo, la iniciativa incluye ajustes técnicos al CPP para mejorar su aplicación cotidiana, así como cambios que otorgarían mayor margen de acción a los abogados defensores para solicitar la producción de pruebas ante los jueces.
El proyecto, sin embargo, enfrenta resistencias en la oposición, lo que podría complicar su aprobación. En la Cámara de Representantes, el oficialismo —liderado por el Frente Amplio— no cuenta con mayoría propia, por lo que deberá negociar para avanzar con la reforma.
El debate parlamentario se perfila como uno de los ejes centrales en la agenda política de los próximos meses, en un contexto donde la seguridad pública y el funcionamiento del sistema judicial se mantienen entre las principales preocupaciones del país.