El gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), analiza la posibilidad de diferir compromisos de gasto y aplicar ajustes selectivos ante un escenario de desaceleración económica que podría impactar en las metas fiscales de 2026.
El titular del MEF, Gabriel Oddone, advirtió que existe una probabilidad “bastante elevada” de revisar a la baja la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), estimada en 2,2% en la Ley de Presupuesto. En ese contexto, sostuvo que no se descarta ninguna medida, aunque aclaró que no necesariamente se tratará de un recorte generalizado.
“Hay algunos compromisos que tenemos que diferir”, señaló el jerarca, quien remarcó que se priorizarán las políticas sociales, especialmente las vinculadas a la infancia.
El análisis del Ejecutivo se da en línea con las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que alertó sobre riesgos para el cumplimiento de las metas fiscales y sugirió actuar “desde ya” sobre el gasto. El organismo planteó la necesidad de recortar partidas discrecionales y revisar exoneraciones y beneficios sectoriales.
Según el CFA, el gasto primario creció 5,7% en términos reales en 2025, por encima del crecimiento de la economía (1,8%), con aumentos destacados en inversiones, gastos operativos, transferencias y pasividades.
Qué plantean los analistas
Especialistas consultados coinciden en que el margen de acción es limitado y que las medidas deberán focalizarse en áreas específicas.
La economista Silvia Rodríguez, del Centro de Investigaciones Económicas, consideró que el gobierno mantendrá sus metas fiscales, pero ajustará las herramientas para cumplirlas. En ese sentido, estimó que no habrá recortes en salarios ni jubilaciones, sino que se optará por postergar ciertos gastos.
Rodríguez advirtió además que no todos los recortes tienen el mismo impacto sobre la actividad económica, por lo que desaconsejó ajustes generalizados.
Por su parte, la economista Alicia Corcoll sostuvo que, ante una alta carga tributaria y bajo crecimiento, el ajuste debería concentrarse en el gasto. Señaló que, dado que gran parte del presupuesto es rígido —como salarios, jubilaciones y transferencias—, las medidas probablemente recaigan sobre partidas discrecionales, como inversiones postergables o gastos operativos.
Corcoll también subrayó la necesidad de mejorar la eficiencia del Estado y revisar en qué áreas ha crecido el gasto en la última década.
En tanto, el economista Ramón Pampín puso el foco en los riesgos de incumplimiento de la nueva regla fiscal. Advirtió que el presupuesto se basa en supuestos de ingresos que podrían no concretarse, lo que generaría tensiones en las cuentas públicas.
Posibles medidas en estudio
Entre las alternativas que se manejan, aparece la posibilidad de “topear” la ejecución del gasto corriente, una herramienta utilizada en administraciones anteriores. Esta consiste en limitar el porcentaje del presupuesto que los organismos pueden ejecutar, obligando a priorizar programas.
El director del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, estimó que será necesario un ajuste del orden de US$ 500 millones (0,6% del PIB) para evitar un mayor deterioro fiscal. En ese marco, planteó que el recorte deberá tener un alcance significativo, del orden de “cientos de millones de dólares”.
El dato del PIB del último trimestre de 2025, que se conocerá en las próximas horas, será clave para definir el alcance de las medidas.
En un escenario de menor dinamismo económico, el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de no afectar áreas sensibles, en un contexto donde el margen de maniobra es acotado y las decisiones tendrán un fuerte componente político.