El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que introduce modificaciones orientadas a fortalecer los derechos de víctimas e imputados, además de ajustar el funcionamiento de la Fiscalía.
Entre los cambios más relevantes, se establece que los imputados no podrán ser presentados públicamente como culpables mientras no exista una sentencia firme, reforzando así el principio de inocencia y buscando evitar situaciones de estigmatización social.
La iniciativa también propone que las investigaciones penales tengan una duración razonable, habilitando a los jueces a intervenir para fijar plazos o exigir avances cuando haya demoras. En esa línea, se acotan los tiempos de investigación: en delitos menores, el plazo será de nueve meses, con prórrogas más limitadas.
Otro punto destacado es el retorno de la suspensión condicional del proceso para delitos leves, permitiendo acuerdos entre imputados y víctimas sin llegar a condenas tradicionales, aunque con restricciones en casos de delitos graves o de violencia de género.
Asimismo, se dispone que las investigaciones no solo busquen probar la culpabilidad, sino también recolectar evidencia que pueda beneficiar al indagado.
En cuanto a las víctimas, el proyecto amplía sus derechos, permitiéndoles impugnar resoluciones judiciales, participar en acuerdos reparatorios y acceder a asistencia jurídica gratuita si no cuentan con recursos.
La propuesta, elaborada por un grupo técnico convocado por el gobierno, comenzará ahora su discusión parlamentaria.