El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía Gabriel Oddone anunciaron la presentación de un proyecto de ley orientado a mejorar la competitividad e innovación en Uruguay, con el objetivo de revertir la percepción de un país “lento y caro” y reducir trabas burocráticas que afectan al sector productivo.
La iniciativa, que será presentada el próximo 31 de mayo, fue adelantada en una conferencia en Torre Ejecutiva, donde el gobierno también convocó a representantes del Pit-Cnt, cámaras empresariales y la academia para recoger aportes hasta el 24 de abril.
Cuatro ejes para reformar el funcionamiento del Estado
El proyecto estará estructurado en cuatro capítulos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites.
Orsi remarcó la necesidad de que el Estado deje de ser “una máquina de impedir” y pase a desempeñar un rol de socio del sector privado. “Si no nos ponemos a tiro, vamos a perder oportunidades”, advirtió, al tiempo que reconoció que Uruguay enfrenta problemas de costos y lentitud administrativa.
En la misma línea, Oddone subrayó que la propuesta no implica desregulación, sino una mejora en la calidad de las regulaciones. “Se trata de controlar mejor y hacer más eficiente la matriz regulatoria”, afirmó.
Medidas para simplificar trámites y reducir costos
Entre los principales cambios, el gobierno plantea agilizar procesos mediante declaraciones juradas, el uso del silencio administrativo y el reconocimiento de certificaciones internacionales para evitar duplicaciones.
También se prevé una reforma del sistema aduanero, con mayor responsabilidad para las empresas y controles más eficientes, así como ajustes en la normativa de competencia para optimizar el funcionamiento de los mercados.
En materia de innovación, se buscará facilitar el acceso a instrumentos de financiamiento y modernizar el marco institucional.
Acciones inmediatas en comercio exterior
Además del proyecto de ley, el Ministerio de Economía anunció una serie de medidas administrativas que no requieren aprobación parlamentaria y que apuntan a reducir costos en unos US$ 20 millones anuales.
Entre ellas se destacan:
Eliminación de la intervención previa de la DGI en operaciones de comercio exterior, pasando a controles posteriores.
Digitalización total de los trámites aduaneros, eliminando el uso de papel.
Flexibilización en el pago de tributos para importaciones dentro del mismo mes.
Reducción de controles físicos en aduanas mediante análisis de riesgo.
Simplificación de requisitos para operadores certificados (OEC).
Implementación de controles específicos para el transporte ferroviario.
Estas medidas buscan agilizar unas 400.000 operaciones aduaneras al año y mejorar la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Enfoque en reformas microeconómicas
Oddone explicó que el gobierno prioriza cambios a nivel microeconómico, al considerar que la estabilidad macro ya está consolidada. “Hoy los problemas de competitividad están en la eficiencia, la productividad y los costos internos”, sostuvo.
En ese sentido, descartó recurrir al tipo de cambio como herramienta, al considerar que tendría efectos negativos sobre la inflación y los ingresos.
El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia del Poder Ejecutivo, que incluye otras áreas como energía, logística y mercado laboral, abordadas en paralelo por distintos ministerios.
Con esta batería de medidas, el gobierno apuesta a modernizar el funcionamiento del Estado y mejorar el clima de negocios, en un contexto donde —según Orsi— “el mundo exige rapidez y Uruguay no puede quedarse atrás”.