El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que busca restablecer la representación docente en los consejos de Primaria, Secundaria y UTU, una figura que había sido eliminada por la Ley de Urgente Consideración (LUC) durante el actual período de gobierno. La iniciativa, con fecha del 1° de octubre, ya fue derivada a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, donde comenzó a generar posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.
Vuelta a los consejos de educación
El texto propone reimplantar los consejos de educación en sustitución de las actuales direcciones generales creadas por la LUC. De esta forma, cada subsistema pasaría a estar integrado por tres miembros, incluyendo un representante electo por los docentes.
Según el proyecto, esta reincorporación se plantea como un “compromiso de la política educativa nacional”, en tanto permite “recoger la acumulación de conocimiento producto de la formación profesional y la práctica cotidiana en la tarea de educar”. Asimismo, se impulsa la ampliación de las comisiones consultivas, incorporando la participación de estudiantes, familias, funcionarios y otros actores sociales.
El documento remarca que la ausencia de docentes electos en los últimos años redujo la participación y el intercambio de experiencias, trasladando el eje de la enseñanza hacia la eficiencia administrativa, sin que ello se tradujera en mejoras sustanciales en los aprendizajes o en la asistencia estudiantil.
Contexto y antecedentes
La eliminación de los consejos fue uno de los cambios estructurales introducidos por la LUC, con el objetivo de agilizar la gestión educativa y reducir lo que el gobierno de entonces consideraba un “estado de asamblea permanente” en los organismos de enseñanza.
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, quien en el pasado fue representante electo por los docentes en Primaria, destacó que la reinstauración de esta figura permitirá fortalecer la voz pedagógica en la toma de decisiones.
Reacciones políticas
El proyecto generó reacciones inmediatas en el ámbito político. La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, señaló que la iniciativa no será tratada en lo inmediato debido a que el Senado está abocado al análisis del presupuesto nacional. Si bien reconoció que “no existe impedimento legal” para aprobar la propuesta, cuestionó que se ignore la decisión popular que respaldó la LUC en el referéndum de 2022.
Por su parte, el senador colorado Robert Silva, expresidente de la ANEP y uno de los impulsores de la actual reforma educativa, calificó la propuesta como un “retroceso importante”, advirtiendo que podría implicar volver a una estructura educativa “similar a la de antes de 1972, cuando cada nivel era un ente autónomo”.
Silva afirmó que “hay que dar batalla en el Parlamento para que el proyecto no prospere” y confió en que Cabildo Abierto mantenga su postura de defensa de la LUC, evitando que el Frente Amplio y el oficialismo modifiquen la ley vigente.
Desde el partido liderado por Guido Manini Ríos, el diputado Álvaro Perrone adelantó que aún no hay una posición definida, y que el tema será analizado cuando la propuesta llegue a la Cámara de Diputados.
Próximos pasos
El proyecto continuará en análisis en el Senado, y su debate promete reabrir la discusión sobre el modelo de gobernanza en la educación pública, contraponiendo las visiones de mayor participación docente frente a la de gestión centralizada y ágil que defendió la LUC.