La compra, informada en agosto de 2023, era parte de un negocio global por un total de unos US$ 1.500 millones y correspondía a 11 plantas en Brasil, tres en Uruguay, una en Argentina y una en Chile.
Días atrás, en entrevista con radio Carve, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, declaró: “No puedo marcar posición, porque más allá de las ideas de cada uno, tenemos que respetar las reglas de juego de la inversión, y para eso hay una comisión especializada”.
Y añadió que era clave definir si el negocio que pretendía realizar Minerva podía ser “factor de distorsión en la formación de precios o no”. “A nadie le gusta -prosiguió sin embargo el ministro- escuchar que una empresa tenga el 50% de la demanda de determinado mercado, aunque el proceso concentrador es una realidad en el mundo. Cuando se aprobó la operación con BPU, se estipuló que independientemente de que el 50% de la faena quedara en manos de dos empresas, había equilibrio de fuerzas, algo que se rompería en estas circunstancias”.
El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), así como los integrantes de Campo Unido (ARU, Federación Rural, CAF, ANPL, ACA y CNFR), se habían pronunciado en contra del negocio. Patricio Cortabarría, presidente de la ARU, declaró que su “mayor preocupación” era “lo que puede dejar de ingresar al complejo cárnico, y la implicancia que eso tiene en la economía nacional y en particular en la economía del interior del país”.
Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Federación Rural, dijo en tanto que la compra por parte de Minerva “implicaría que el mercado pase de ser moderadamente concentrado a altamente concentrado”.
La ley de N° 18.159 de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio establece en uno de sus artículos que “todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general”. Pero luego añade que “se prohibe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante”.
Luego de transcurrido este plazo, “el Órgano de Aplicación dispondrá de un plazo de 60 (sesenta) días hábiles para dictar resolución sobre las actuaciones”. Este organismo es la Comisión de Defensa de la Competencia. Minerva, sin embargo, luego puede recurrir directamente ante el MEF, e incluso después podría presentarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El diputado Alfredo Fratti celebro la determinación del gobierno en no conceder al grupo Minerva la compra de tres frigoríficos más, lo que le significaría a la multinacional, dominar mas del 50% del mercado interno de carnes.