La confirmación de que el Poder Ejecutivo estudia incluir en el próximo Presupuesto nacional un impuesto a la rentabilidad de los depósitos e inversiones en el exterior de residentes uruguayos encendió señales de alerta en el sistema político y financiero. La iniciativa, revelada por el semanario Búsqueda, podría alcanzar un capital estimado en 62.000 millones de dólares, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, y afectaría utilidades generadas fuera del país por personas físicas residentes.
Desde sectores empresariales y bancarios advirtieron que la medida implicaría un quiebre en la tradición de estabilidad tributaria que ha caracterizado a Uruguay, un factor clave para su reputación como destino confiable para inversiones. Economistas y operadores financieros alertaron que gravar rendimientos en el exterior podría incentivar la relocalización de capitales y afectar la confianza inversora.
En el plano político, legisladores de la oposición manifestaron reparos sobre el alcance y el momento de la propuesta, señalando que un cambio impositivo de este tipo requiere un amplio consenso y un análisis detallado de sus efectos macroeconómicos. Desde el oficialismo, en tanto, no hubo definiciones públicas, aunque se reconoce que el tema está bajo estudio como parte de la estrategia fiscal para aumentar la recaudación sin afectar impuestos internos al consumo o al trabajo.
El debate recién comienza, pero el solo hecho de que el gobierno lo considere en el marco presupuestal ya abrió una discusión sobre el equilibrio entre la necesidad de ingresos fiscales y la preservación de un clima de negocios estable.