“No tiene sentido la consulta que se impone con un equipo interdisciplinario; esto forma parte de las viejas estructuras de pensar, de pensamiento patriarcales, que infantilizan las decisiones de las mujeres, como si la mujer no fuese capaz por sí misma de evaluar lo que quiere decidir respecto de su propio cuerpo”, dijeron a Telemundo.
Plantean que no se debería aplicar el delito de aborto consentido si no se garantiza que todas las mujeres del país tienen acceso a la atención.
Una investigación del Grupo de Estudios en Política Criminal, que integra la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar), hizo un relevamiento de todas las sentencias penales dictadas en el país, vinculadas a la denominada ley del aborto desde noviembre del 2017 a diciembre del 2021. En este período hubo dos sentencias de condena.
A partir de este estudio, Diego Silva, uno de los responsables de la investigación consideró que si el sistema de salud no asegura que todas las mujeres puedan acceder a interrumpir su embarazo no se justifica que se aplique el delito previsto en el Código Penal.
También se refirió al período de cinco días de reflexión que establece la ley: “Varias investigaciones elaboradas desde las ciencia sociales o desde estudios sanitarios nos muestran que alrededor del 95% de las mujeres que concurren a las consultas con el equipo interdisciplinario ratifican su voluntad de continuar con el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiere decir que es un requisito inútil. Debería reducirse a que la mujer consultase con el profesional de la salud, manifestase su voluntad de detener el embarazo y allí pudiese acceder al procedimiento”.