Del registro del Banco de Previsión Social, a diciembre el 95,57% de los obligados eran varones y, si se diferencia por edad, la mayoría tenía entre 30 y 39 años.
Desde la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay -quienes estiman que los defensores públicos tiene el 55% de las demandas por alimentos a nivel nacional- reclaman que muchas veces hay dificultades para garantizar el pago cuando el obligado tiene un empleo informal.
Los datos de la cantidad de personas que deben pagar pensión decretada judicialmente pertenecen al Registro Nacional de Obligados Alimentarios del Banco de Previsión Social (BPS), que se creó mediante una ley de 2019. Se debe tener en cuenta que el deber de los padres o responsables de los niños y adolescentes de garantizar la alimentación está en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Montevideo era el departamento con mayor cantidad de obligados en diciembre, con 24.170, lo que significa el 35% del total. Le siguieron Canelones con 12.241 (17,8%), Maldonado con 3.983 (5,8%), Salto con 3.137 (4,6%) y San José con 3.074 (4,5%).
Hubo un aumento en la cifra en los últimos tres años, según lo que marca el registro. De diciembre de 2022 (cuando había 49.450 personas), se incrementó un 17% a diciembre de 2023 (cuando había 58.044). Y un año después, a diciembre de 2024, con 68.907 registrados, la suba fue de 19%.
Desde el BPS y el Poder Judicial señalaron que para este incremento no hay una sola explicación. Podría ser que se haya generalizado la inscripción en el registro del BPS por parte de los juzgados, dado que antes a veces se omitía.
También podría ser que se sumó información de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Caja de Profesionales Universitarios y Caja Notarial y los sistemas de retiro Militar y Policial. No obstante, desde el banco relativizaron el impacto de la medida en el dato global del registro.