En una negociación calificada como “histórica”, el gobierno nacional y el Congreso de Intendentes alcanzaron un acuerdo por el cual se destinarán aproximadamente US$ 4.000 millones en transferencias a los gobiernos departamentales durante el período 2025-2029. La firma del entendimiento fue posible tras intensas semanas de negociaciones y contó con un papel clave del presidente Yamandú Orsi para destrabar los últimos puntos de discordia.
El convenio asegura una transferencia promedio anual de US$ 800 millones, equivalentes al 3,33 % del presupuesto nacional, con destino a obras de infraestructura, caminería rural, desarrollo municipal y alumbrado público. Se trata del mayor monto comprometido en este tipo de acuerdos desde el retorno a la democracia.
Entre los aspectos más destacados se encuentra la creación de un fondo de inversiones estratégicas de US$ 80 millones, de los cuales US$ 45 millones serán para Montevideo y Canelones, y US$ 35 millones para el resto del país. Asimismo, se reforzará el fondo para municipios, con partidas adicionales sujetas al cumplimiento de metas de gestión.
En cuanto a la caminería rural, se dispondrá de más de US$ 1.700 millones, incluyendo contrapartidas departamentales, lo que permitirá mejorar miles de kilómetros de caminos productivos esenciales para la actividad agropecuaria.
También se acordó modificar la composición del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), elevando la participación de los gobiernos departamentales en su ejecución del 40 % al 45 %, mientras que el gobierno central mantendrá el 55 %.
Durante la sesión del Congreso de Intendentes, que aprobó el acuerdo por unanimidad, se valoró la disposición al diálogo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), encabezada por Rodrigo Arim, y la actitud conciliadora del presidente Orsi, cuya experiencia como exintendente de Canelones facilitó el entendimiento entre partes.
El convenio se concretó justo antes del plazo constitucional del 31 de julio, fecha límite para definir las partidas que deben incluirse en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal que será enviado al Parlamento.
El acuerdo no solo despeja el camino para la planificación financiera de las intendencias, sino que también representa un hito en la coordinación interinstitucional. Con este respaldo, los gobiernos departamentales podrán avanzar en proyectos de infraestructura, servicios y desarrollo local en todo el país durante los próximos cinco años.