Buenos Aires, 10 de junio de 2025 – En un fallo sin precedentes en la historia institucional de Argentina, la Corte Suprema confirmó este martes la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. La decisión fue adoptada de forma unánime por los magistrados, cerrando así todas las instancias judiciales disponibles en el caso conocido como “Vialidad”.
El máximo tribunal ratificó la sentencia que había sido dictada en diciembre de 2022 y confirmada por una cámara de apelaciones en 2024. Se la responsabiliza por haber liderado una asociación ilícita y por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, durante su mandato presidencial y el de su difunto esposo Néstor Kirchner.
La condena marca un hito en la política argentina, siendo la primera vez que una expresidenta es condenada con fallo firme por corrupción. La decisión deja a Kirchner automáticamente fuera de cualquier posibilidad de postulación en las próximas elecciones, incluido el proceso legislativo de septiembre, donde se especulaba con su candidatura en la provincia de Buenos Aires.
La sentencia también impacta en el equilibrio interno del peronismo, movimiento del cual Cristina es figura emblemática. Su inhabilitación reordena el tablero político en plena campaña electoral, generando incertidumbre y obligando al kirchnerismo a definir nuevos liderazgos. Voces dentro del espacio mencionan al gobernador Axel Kicillof como posible heredero político.
Desde el oficialismo, el presidente Javier Milei celebró el fallo como “un triunfo de la justicia sobre la impunidad” y aseguró que “se terminó la era del privilegio judicial”. En contraposición, la propia Cristina Fernández calificó el proceso como una maniobra de “lawfare” y “persecución política”, reafirmando su inocencia y denunciando una estrategia para proscribirla.
Diversos sectores del kirchnerismo convocaron a movilizaciones en rechazo a la resolución, mientras que organizaciones civiles y de derechos humanos se expresaron con preocupación por lo que consideran un precedente riesgoso en la judicialización de la política.
La expresidenta, de 72 años, deberá presentarse ante el tribunal en un plazo de cinco días hábiles. Por su edad y condición de salud, se estima que podría solicitar el cumplimiento de la condena bajo arresto domiciliario.
El fallo también supone un mensaje claro sobre el accionar judicial en casos de corrupción, en un país con una larga historia de impunidad en las altas esferas del poder. Observadores internacionales destacaron la importancia de la sentencia como símbolo de fortalecimiento institucional, aunque también advirtieron sobre posibles tensiones sociales.
El caso “Vialidad” se remonta a 2016, cuando se investigó la adjudicación de más de 50 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Durante el juicio, que se extendió por varios años, se documentaron sobrecostos, licitaciones direccionadas y una estrecha relación entre la expresidenta y el empresario Lázaro Báez.
Pese a las múltiples apelaciones, la Justicia consideró probado el perjuicio millonario al Estado y la responsabilidad de Fernández como jefa de la asociación ilícita.