Detectó aumento en la eutrofización y plaguicidas en los principales cursos de agua; colectivo denuncia que no se está garantizando su derecho a la participación, ni siquiera a ser escuchados, mientras que los proyectos extractivos avanzan sobre la cuenca dañada.
“Mojo el pie en su corriente y me estremezco. ¡Está hechizado el río!”, escribió Juana Fernández Morales –también conocida como Juana de Ibarbourou– en su libro Oro y tormenta. Una podría imaginar varios ríos que encajan con la descripción que realizó la poeta nacida en Cerro Largo, departamento que integra la cuenca de la laguna Merín. Tacuarí, Cebollatí, Yaguarón, Olimar Grande, San Luis, incluso el arroyo San Miguel podrían haberle servido de inspiración. Estos seis cuerpos de agua que, imaginemos, nutrieron sus obras fueron monitoreados por el Ministerio de Ambiente en 2023. La cartera realizó cuatro campañas durante marzo, mayo-junio, setiembre y noviembre. Las conclusiones, pese a una serie de limitaciones en los datos que relatamos más adelante, deberían advertirnos que el río pasó de estar hechizado a estar contaminado.
Sin embargo, todo sucede en su contexto. En 2023, una investigación llevada adelante por diez investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE) denunció que algo grave está pasando en la cuenca de la laguna Merín. El trabajo visibilizó la histórica afectación de los territorios por el agronegocio, captó la presencia de más de 90 agrotóxicos en sus aguas, problemas de salud en las comunidades y ecosistemas, destrucción de cerritos de indios y políticas públicas que “continúan promoviendo el despojo, fragmentación y desaparición de comunidades rurales pequeñas”. A su vez, otra investigación también detectó que las bases de datos de organismos públicos evidencian un subregistro de denuncias de trabajadores del arroz –principal cultivo de la cuenca– vinculadas a agroquímicos y que los referentes en políticas públicas minimizan los peligros de los plaguicidas. Al mismo tiempo, la hidrovía Uruguay-Brasil, que apunta al transporte fluvial de cargas del agronegocio, avanza. Un informeelaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que con la hidrovía “la superficie productiva podría expandirse un 274% hacia 2030, desde 350.000 hectáreas hasta 960.000”.
Es en este contexto –sumado a muchos factores más– que el Ministerio de Ambiente realiza los controles. En el informe que analiza el estado de la cuenca de la laguna Merín en 2023 se relata que, por las sequías e inundaciones, “no se realizó el monitoreo embarcado en todo el año” y la colecta de muestras fue “superficial desde la costa o puentes”. La situación, dice, generó que seis puntos de toma habituales quedaran por fuera del análisis. “Los resultados fueron comparados con la legislación vigente para los parámetros regulados en el Decreto 253/79 y modificativos, que reglamenta el Código de Aguas del Uruguay. Los ríos estudiados están comprometidos dentro de las aguas superficiales de Clase 3 de dicho decreto. Para los demás parámetros se consideraron los valores de guía del Borrador de Trabajo Gesta Agua y Mesa Técnica del Agua como objetivos de calidad”, indica.
El documento del Ministerio de Ambiente establece que “el pH en el mes de setiembre se encuentra por debajo del límite establecido por el decreto y modificativos para casi todas las subcuencas”. En el río Cebollatí dos de 11 valores no cumplieron con los valores establecidos en la normativa (18%), en el río Olimar Grande uno de cuatro valores no lo hizo (25%), en el río Tacuarí dos de seis valores no cumplieron (33%), en el río San Luis uno de cuatro valores no cumplió (25%) y en el arroyo San Miguel uno de tres valores tampoco lo hizo (33%).
Con respecto a los valores de nitrógeno total, en el río Cebollatí el 18% de los valores no cumplieron con la normativa, en el río Yaguarón, el río San Luis y el arroyo San Miguel el 100% no cumplió con lo establecido, como tampoco 83% de los valores obtenidos en el río Tacuarí. El Ministerio de Ambiente también detectó incumplimientos en los niveles de oxígeno disuelto en el arroyo San Miguel en marzo y mayo de 2023. La turbidez también presenta dos incumplimientos en el río Tacuarí y en el río San Luis.
Sobre plaguicidas, en el documento se describe que “la gran mayoría” presentó “valores por debajo del límite de la técnica” de detección. Luego añaden una tabla con los casos en que los resultados sí se encontraban “por encima del límite de la técnica”.
En el caso del río Yaguarón se detectó la presencia de los herbicidas Diuron, Atrazinadesetil, Metolacloro, Clomazone y Pyrazosulfuronetil, los fungicidas Triciclazol, Ciproconazol, Tebuconazol y Picoxystrobin y los insecticidas Tiametoxam, Metoxifenocida y Acetamiprid.
El informe dice que en los casos que presentaron valores cuantificables “no se observan riesgos para el estado de la cuenca dado sus concentraciones bajas”. Esta declaración va en sentido contrario a lo expresado por científicos del CURE, que alertan sobre la cantidad de sustancias que son detectadas y los efectos que pueden producir a la salud –tanto del ecosistema como de las personas– las interacciones entre los plaguicidas.