La fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para presentar la solicitud presupuestal de la Fiscalía General de la Nación para el año 2025. Durante su exposición, con tonos de urgencia, detalló las severas limitaciones financieras que atraviesa la institución y planteó diversos proyectos que para ella resultan indispensables.
Datos del presupuesto base y distribución
- El presupuesto base asignado a la Fiscalía para 2025 es de $ 2.170 millones uruguayos, equivalentes a unos US$ 54 millones.
- Se divide en tres grandes rubros:
- Remuneraciones: $ 2.098 millones (≈ 96,7 %)
- Gastos de funcionamiento: $ 65 millones (≈ 3 %)
- Inversiones: $ 6,5 millones (≈ 0,3 %)
Ferrero advirtió que los recursos destinados a funcionamiento son absolutamente insuficientes, especialmente para dar respuesta cabal a las exigencias derivadas de la reforma procesal penal de 2017.
Problemas estructurales planteados
- Déficit estructural: Desde que la fiscalía ha sido descentralizada, los costos y responsabilidades han crecido, pero los presupuestos no han acompañado ese crecimiento.
- Vacantes y cargos no cubiertos: Se está funcionando, en parte, con “el ahorro de los cargos que no se llenan”. Ferrero dijo que “no podemos seguir así. Es imposible; es imposible seguir así”.
- Salud mental y desgaste: La sobrecarga de trabajo provoca casos de burnout, licencias por salud mental, y un desgaste profesional grave.
Prioridades, propuestas y nuevas fiscalías
Ferrero planteó una serie de requerimientos para fortalecer la Fiscalía y adaptarla a los desafíos emergentes:
- Fiscalías especializadas en cibercrimen: Propuso la creación de dos, por considerar que los delitos informáticos han crecido fuertemente. Advirtió que si se otorga sólo una, podría colapsar porque abarcaría no sólo delitos económicos sino también pornografía infantil y delitos de género.
- Fiscalías especializadas en estafas: Pedía también dos fiscalías para atender el aumento abrupto de las denuncias por estafas, que pasó de unas 6.500 en 2018 a más de 31.000 en 2024.
- Fiscalías de refuerzo en el interior: Propuesta de agregar unidades en diez sedes del interior que funcionan con un solo fiscal, lo que genera problemas cuando hay licencias o múltiples causas.
- Fiscalías de ejecución: Cuatro nuevas unidades dedicadas a investigar delitos en centros carcelarios, dado que éstos pueden funcionar como espacios donde operan el narcotráfico y el crimen organizado.
- Otros apoyos logísticos y estructurales:
- Escuela de fiscales para capacitación continua.
- Habilitación legal para que fiscales accedan al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales.
- Uso de fondos incautados para capacitación.
- Traductores públicos, contadores especializados; mejoras administrativas para agilizar las investigaciones, especialmente en narcotráfico y lavado de activos.
Mensaje final y apelación
Ferrero cerró su discurso con un llamado urgente: “Todos podemos ser daño colateral y cada vez más lo estamos siendo. Sin dinero va a ser muy difícil que combatamos la delincuencia, incluido el lavado de activos”.
La fiscal pidió a los legisladores que consideren estas demandas con “la mano en el corazón”, subrayando la gravedad institucional si no se actúa prontamente.

