El diputado Pedro Jisdonian, del Partido Nacional, presentó un ambicioso proyecto de ley que busca penalizar de manera contundente los actos de maltrato y crueldad contra los animales. En la exposición ante la comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, destacó que esta iniciativa “no es una ley de bienestar animal” sino uno que “trae una serie de penas para quienes cometan este tipo de actos”, señalando que hay “unanimidad social” respaldando el esfuerzo.
El texto contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes hieran, torturen o maten de forma intencional animales domésticos, callejeros o especies protegidas. Se introducen agravantes severos para casos en que se usen armas, haya exposición ante niños o personas vulnerables, o se difundan escenas de violencia en redes sociales. El proyecto tipifica delitos como lesiones intencionales, tortura, vivisección o cirugías no veterinarias, además de incluir el maltrato utilizado como forma de amenaza en violencia doméstica —por ejemplo, filmar el acto, hacerlo ante niños o enviar partes del cuerpo del animal como intimidación—, una figura que Jisdonian señaló: “si filmás cuando estás torturando a un animal… eso tiene que ser delito”.
Este proyecto se diferencia de iniciativas previas que quedaron estancadas por su falta de penas privativas de libertad. Jisdonian enfatizó que los agresores de animales suelen tener un perfil violento, con antecedentes de agresión a personas, y por ello “hay que establecer consecuencias”. Asimismo, reconoció el apoyo explícito de organizaciones animalistas, que mostraron disposición a colaborar con ajustes puntuales.
Paralelamente, la Asociación Trato Ético Animal (APTÉHA), con respaldo de legisladores del Frente Amplio, presentó otro proyecto similar, definiendo “actos de violencia” y “crueldad” contra todo ser con sistema nervioso central, y proponiendo penas de entre 3 meses y 3 años, con agravantes por muerte, participación de menores o difusión en redes. Esta iniciativa también contempla alternativas como trabajo comunitario para casos leves —abandono o falta de atención— y fortalece el rol del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) para aplicar medidas administrativas.
El apetito social a favor de sanciones más severas ganó impulso tras una marcha nacional en reacción a un caso extremo: la decapitación de una perra; movilización que sumó apoyo político multipartidario. A su vez, INBA, creado por la LUC, ya tiene facultades para confiscar animales maltratados, fomentar castraciones y promover campañas de tenencia responsable, lo que muestra un marco institucional en expansión.
Los próximos pasos incluyen el debate en la comisión legislativa, el ajuste de los borradores junto a organizaciones civiles, y el envío al Parlamento para su votación definitiva —un proceso que se espera contar con fuerte respaldo ciudadano y político. Estos proyectos representan un giro significativo en el enfoque uruguayo hacia los derechos de los animales, alineando la legislación local con los estándares internacionales en materia de bienestar.