El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quedó en el centro de la polémica tras conocerse un informe técnico de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que concluye que incurre en una “incompatibilidad” en el ejercicio de sus funciones.
El documento, elaborado por abogados del organismo, será analizado este jueves por el directorio de la Jutep, integrado por Ana Ferraris, Alfredo Asti y Luis Calabria, quienes deberán resolver si respaldan o no la actuación del jerarca. La resolución podrá adoptarse por unanimidad o mayoría simple, quedando constancia en caso de discrepancias.
Cuestionamientos de la oposición
La oposición sostiene desde hace meses que Danza viola el artículo 200 de la Constitución, que prohíbe a los directores de entes autónomos ejercer simultáneamente actividades que se relacionen directa o indirectamente con la institución que dirigen. Según denunciaron legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, el jerarca mantiene vínculos laborales con al menos tres mutualistas, además de desempeñar tareas universitarias y otras responsabilidades públicas.
El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, quien será el miembro interpelante en la sesión convocada contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que la conducta de Danza podría configurar un “delito de falsificación ideológica”. Sotelo acusó al jerarca de haber “ocultado información” al estudio jurídico Delpiazzo, que concluyó erróneamente que no existía incompatibilidad antes de su nombramiento.
Por su parte, el nacionalista Pablo Abdala calificó a Danza como un “usurpador” del cargo y consideró que su accionar está “condicionado por el dinero y el poder”, generando un “problema político e institucional” al gobierno. En la misma línea, el exsubsecretario Luis Satdjian señaló que el presidente de ASSE percibe “ocho ingresos” distintos, lo que, a su juicio, constituye un mal ejemplo para la función pública.
Defensa del oficialismo
Desde el Frente Amplio, el diputado Alejandro Zavala rechazó las acusaciones y afirmó que Danza ha sido víctima de un “escarnio público” promovido por “maniobras mediáticas y persecuciones políticas”. Consideró que la interpelación a Lustemberg es una herramienta legítima, pero advirtió que algunas críticas exceden los límites del debate parlamentario.
Zavala recordó que la carga laboral del presidente de ASSE es de 30 horas semanales y subrayó que, si se acusa a alguien de “usurpación”, se debe recurrir a la Justicia.
Un fallo clave para el gobierno
El pronunciamiento de la Jutep es esperado con gran expectativa, especialmente por el gobierno de Yamandú Orsi y la bancada frenteamplista, que prepara su estrategia de defensa de cara a la interpelación. La resolución del organismo anticorrupción podría tener repercusiones políticas significativas, ya que de confirmarse la incompatibilidad, se pondría en entredicho la continuidad de Danza al frente del principal prestador público de salud del país.