El proyecto de ley que regula el ingreso a las intendencias, impulsado originalmente en 2023 por el fallecido senador colorado Adrián Peña, quedó este martes enredado en fuertes cuestionamientos durante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
Un aval de los intendentes, pero con trabas en el parlamento
La propuesta contaba con el respaldo de todos los intendentes, sin distinción partidaria, y habilitaba hasta un 4% de ingresos directos en las comunas. Sin embargo, al llegar a la órbita legislativa, surgieron reparos tanto de senadores blancos como frenteamplistas y colorados.
El objetivo del plan era establecer un mecanismo más transparente y regulado en las contrataciones departamentales, tomando como referencia la iniciativa de Peña que buscaba ordenar un sistema históricamente cuestionado.
Bordaberry, el más crítico
El senador colorado Pedro Bordaberry fue quien manifestó los cuestionamientos más duros. Aseguró que permitir hasta un 4% de ingresos directos “va en contra del espíritu del proyecto” inicial, que buscaba limitar los espacios de discrecionalidad. Además, advirtió sobre posibles artículos con vicios de inconstitucionalidad y dudó de la eficacia del plan para controlar realmente los ingresos.
La polémica por incluir a los entes
Un punto que encendió la discusión fue la intención de aplicar también restricciones al ingreso en los entes autónomos y servicios descentralizados. Tanto legisladores del Frente Amplio como del Partido Nacional se mostraron contrarios a esta inclusión, considerando que desborda las competencias del proyecto y puede abrir un frente jurídico complejo.
Un debate que seguirá abierto
Aunque el aval político de los intendentes parecía allanar el camino, la discusión parlamentaria evidenció resistencias que hoy empantanan la aprobación. Los cruces entre senadores revelan diferencias de interpretación sobre el alcance de la norma y su constitucionalidad.
En este escenario, el proyecto —que se planteaba como un acuerdo transversal en defensa de la transparencia en los ingresos públicos— enfrenta un futuro incierto. El oficialismo y la oposición deberán negociar nuevas fórmulas si se pretende destrabar una iniciativa que, paradójicamente, nació como un consenso entre los propios gobiernos departamentales.