Comenzaron esta semana en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles los alegatos iniciales del primer juicio en el que grandes empresas de redes sociales deben defenderse ante un jurado por presuntos daños causados a niños y adolescentes. Es la primera vez que estas compañías enfrentan este tipo de proceso oral, y el resultado podría tener consecuencias profundas sobre sus modelos de negocio y la forma en que gestionan el uso de sus plataformas por parte de menores.
Las demandas apuntan contra la empresa matriz de Instagram, Meta, y contra YouTube, propiedad de Google, a quienes se acusa de afectar y dañar deliberadamente a los niños mediante el diseño de sus productos. Otras compañías como TikTok y Snap, que habían sido incluidas originalmente en la demanda, alcanzaron acuerdos extrajudiciales por montos no divulgados.
En el centro del caso se encuentra una joven de 19 años, identificada como KGM, quien afirma que su uso de redes sociales desde una edad temprana le generó adicción a la tecnología y agravó problemas de depresión e ideas suicidas. Su juicio, junto al de otros dos demandantes, fue seleccionado como caso representativo, con el objetivo de observar cómo se desarrollan los argumentos ante un jurado y qué tipo de compensaciones podrían ser otorgadas. Así lo explicó Clay Calvert, investigador en estudios de políticas tecnológicas del American Enterprise Institute.
Desde organizaciones de control tecnológico señalan que este proceso es solo el primero de muchos. “Hay cientos de padres y distritos escolares involucrados, y cada día nuevas familias alzan la voz para llevar a los gigantes tecnológicos a los tribunales por productos deliberadamente dañinos”, expresó Sacha Haworth, directora ejecutiva de Tech Oversight Project.
La demanda sostiene que las empresas se inspiraron en técnicas conductuales y neurobiológicas utilizadas en las máquinas tragamonedas y en la industria del tabaco, incorporando funciones de diseño destinadas a maximizar la participación de los jóvenes y, con ello, los ingresos publicitarios. De validarse este argumento, podría esquivar las protecciones de la Primera Enmienda y de la Sección 230, que hasta ahora han limitado la responsabilidad legal de las plataformas por el contenido publicado por terceros.
Se espera que durante el juicio, que tendrá una duración estimada de entre seis y ocho semanas, declaren ejecutivos de alto nivel, incluido el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Especialistas comparan este proceso con los juicios contra las tabacaleras que culminaron en el acuerdo de 1998, que obligó a esas empresas a pagar miles de millones de dólares y a restringir la publicidad dirigida a menores.
Las compañías tecnológicas rechazan las acusaciones y aseguran haber implementado, a lo largo de los años, medidas de protección para usuarios jóvenes. Desde Meta afirman que la salud mental adolescente es un problema complejo y multifactorial, y que atribuirlo a un solo elemento simplifica en exceso la realidad. Un portavoz de la empresa señaló que confían en que la evidencia demostrará su “compromiso de larga data con el bienestar de los jóvenes”.
Por su parte, José Castañeda, portavoz de Google, aseguró que las acusaciones contra YouTube “no son ciertas” y que proporcionar una experiencia más segura y saludable para los jóvenes ha sido siempre central en el trabajo de la compañía.
Este juicio será el primero de varios que se desarrollarán durante el año. En junio está previsto un proceso federal representativo en Oakland, en el que distritos escolares buscarán responsabilizar a las plataformas por los daños al bienestar de los menores. Además, más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta por su presunta contribución a la crisis de salud mental juvenil.
En Nuevo México, también comienzan esta semana los alegatos iniciales en un juicio que acusa a Meta de no proteger adecuadamente a los jóvenes frente a la explotación sexual. El fiscal general Raúl Torrez sostiene que la demanda no apunta al contenido en sí, sino al papel de los algoritmos en amplificar material potencialmente nocivo. Meta niega las acusaciones y asegura haber introducido herramientas de seguridad en consulta con padres y autoridades.
El desenlace de estos procesos podría marcar un antes y un después en la regulación de las redes sociales y en la responsabilidad legal de las grandes tecnológicas frente al impacto de sus plataformas en la salud mental de niños y adolescentes.