Montevideo | Una reunión celebrada este martes entre el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, y una delegación del Congreso de Intendentes, derivó en un intercambio tenso marcado por fuertes reclamos de los jefes departamentales, que exigen al Poder Ejecutivo mayor equidad en la distribución de los recursos destinados al interior del país.
El episodio más conflictivo tuvo como protagonista al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien al manifestar su disconformidad con la propuesta del Ejecutivo fue increpado por Arim con la frase: “no debés gritar porque no estás en tu casa”. El comentario fue interpretado como una falta de respeto por parte del jerarca sanducero y tensionó aún más un encuentro que ya venía cargado por las diferencias en torno al reparto presupuestal.
El reclamo central de los intendentes gira en torno al artículo 214 de la Constitución, que garantiza el 3,33% del Presupuesto Nacional a las intendencias, y al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Los jefes comunales sostienen que la lógica actual de distribución —vigente desde 2005— no refleja la realidad actual de los departamentos más rezagados y perpetúa desigualdades estructurales. Además, solicitaron que los fondos asignados sean actualizados en función de la inflación y reclamaron mayor autonomía para su gestión.
Desde el Ejecutivo, Arim defendió la propuesta del gobierno señalando las restricciones fiscales vigentes y la imposibilidad de incrementar el monto total de transferencias. El jerarca sostuvo que se busca una redistribución más justa dentro del marco existente, pero aclaró que no habrá nuevos recursos por fuera de lo previsto.
El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, lamentó la actitud del gobierno y aseguró que “están muy lejos de nuestras demandas”. Afirmó que el actual esquema no contempla los servicios que las intendencias prestan en el interior profundo, como mantenimiento de rutas, alumbrado y atención social, muchas veces sin respaldo del gobierno central.
El Congreso de Intendentes resolvió mantenerse en sesión permanente y fijó como plazo el 31 de julio para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, los jefes departamentales trasladarán el debate al Parlamento, en busca de una solución política que contemple las necesidades de los territorios más postergados.
La discusión expone una vez más la histórica tensión entre el centralismo del gobierno nacional y las aspiraciones de descentralización efectiva de los gobiernos departamentales. En las próximas semanas se definirá si el Ejecutivo cede en su postura o si se profundiza un conflicto que podría tener impacto en la ejecución de obras clave en el interior del país.