Montevideo, 13 de junio de 2025 – El diputado del Frente Amplio Marcos Presa solicitó formalmente a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, que se analice si el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva incurrió en un conflicto de intereses, al ocupar simultáneamente un cargo parlamentario y una posición de representación empresarial en el sector agropecuario.
El planteo se sustenta en el hecho de que Da Silva, además de su función legislativa, es presidente de la Comisión Fiscal de la Cámara Uruguaya de Inmuebles Rurales (CIUR), una organización que representa intereses del sector ante organismos públicos.
Presa invocó el artículo 19 del Código de Ética en la Función Pública, que establece que los funcionarios deben actuar con imparcialidad y “separar radicalmente el interés público del privado”. El legislador frenteamplista sostuvo que la doble condición de Da Silva podría afectar la transparencia y la objetividad de sus decisiones legislativas, especialmente en asuntos relacionados con el Instituto Nacional de Colonización (INC).
La polémica cobró fuerza tras los cuestionamientos públicos que el senador nacionalista hizo sobre la compra de la Estancia María Dolores, adquirida por Colonización por un monto superior a los US$ 32,5 millones.
El senador respondió con firmeza en la red social X (exTwitter):
“Pareciera que al MPP le molesta el control”, expresó, en referencia a las críticas que ha dirigido al gobierno del Frente Amplio.
Asimismo, negó cualquier conflicto de intereses, afirmando que su empresa no tiene vínculo comercial alguno con la estancia en cuestión y que el corredor que participó en la operación “no es socio” de la CIUR. Defendió su rol fiscalizador como legislador y cuestionó lo que consideró un intento de silenciar la crítica política.
Si la evaluación de la solicitud determina que hay incompatibilidad, Da Silva podría ser inhabilitado para intervenir o votar en temas relacionados con tierras rurales, colonización o asuntos vinculados al sector que representa. También se abriría una reflexión más amplia sobre la relación entre la actividad legislativa y los intereses sectoriales privados.
La solicitud presentada por el diputado Presa abre una discusión relevante sobre los límites éticos del ejercicio parlamentario en Uruguay. El caso pone bajo la lupa la necesidad de asegurar que los legisladores actúen sin interferencias que comprometan la imparcialidad de sus decisiones, especialmente cuando representan sectores con intereses concretos.
Canal Doce de Melo – Información con claridad.