El empresario Jairo Larrarte, titular del fondo ganadero Grupo Larrarte, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión efectiva tras un acuerdo abreviado con la Fiscalía. La sentencia lo responsabiliza por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo, en un caso que sacudió al sistema de inversión ganadera en Uruguay.
El proceso judicial
Larrarte había estado bajo prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. En la audiencia final aceptó los cargos como parte del proceso abreviado, lo que permitió acelerar el cierre del caso y evitar un juicio extenso. La condena confirma las irregularidades cometidas a través de su fondo ganadero, que fue el primero en colapsar antes de que se destaparan otros escándalos como los de República Ganadera y Conexión Ganadera.
Impacto y víctimas
Más de 130 personas resultaron damnificadas, con pérdidas que se estiman en unos 12 millones de dólares. Se presentaron más de un centenar de denuncias, lo que convirtió a este caso en uno de los fraudes más importantes vinculados a las inversiones en el sector agropecuario.
En el marco de las investigaciones, la Justicia llegó a solicitar una alerta plateada de Interpol para rastrear posibles bienes de Larrarte en el exterior, un recurso inédito en Uruguay que buscaba recuperar activos y dar respuestas a los afectados.
Repercusiones
Si bien la condena cierra una etapa judicial, persisten cuestionamientos por parte de algunos damnificados que entienden que deberían haberse considerado otros delitos, como asociación para delinquir o insolvencia societaria fraudulenta.
La sentencia a Larrarte marca un precedente en el abordaje de fraudes financieros vinculados al sector ganadero y reaviva el debate sobre los mecanismos de control y supervisión en este tipo de inversiones.