La instancia se originó tras el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), que señaló una posible incompatibilidad entre el cargo del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y sus actividades en el sector privado y académico. Sotelo afirmó que, a su entender, Danza incurrió en una “inconstitucionalidad” que no se extingue pese a su posterior renuncia a las mutualistas donde trabajaba.
La ministra Lustemberg defendió la designación de Danza y aseguró que “no existe incompatibilidad” entre sus funciones públicas y privadas. Respaldó su postura en informes jurídicos del MSP, de un estudio privado y de la propia JUTEP, que concluyeron que el rol de consultante no implicaba poder de decisión ni gestión en las mutualistas. Además, indicó que la interpretación constitucional debería centrarse en el “espíritu de la prohibición” y remarcó que Danza no intervino en contrataciones vinculadas a los prestadores donde trabajó. Sin embargo, un informe posterior de la Asesoría Letrada de JUTEP expresó una visión contraria, señalando posibles incompatibilidades e irregularidades en la acumulación de cargos.
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Durante su intervención, Sotelo sostuvo que Danza firmó una resolución vinculada al convenio de complementación de servicios entre ASSE y el Círculo Católico mientras mantenía vínculos laborales con tres prestadores privados: Médica Uruguaya, Asociación Española y CAMS Soriano. Para el diputado, esta situación configuraría un conflicto de intereses y una violación a artículos del Código de Ética en la Función Pública. Incluso señaló que la figura de “médico consultante”, bajo la cual Danza ejercía, sería engañosa y comparó este caso con antecedentes ocurridos en 2008 durante otro gobierno.