Montevideo, junio 2025 – La defensa del exsenador frenteamplista Charles Carrera anunció que prepara una demanda internacional por la presunta violación de sus garantías procesales, tras la reciente formalización judicial por delitos de fraude, falsificación ideológica y uso de información privilegiada. La acción será presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la posibilidad de escalarla al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El abogado defensor, Juan Manuel González, cuestionó severamente el accionar de la Fiscalía, señalando que se alteró la tipificación original de la causa —iniciada en 2022 por presunto abuso de funciones— sin el debido proceso. Según sostuvo, la solicitud de medidas cautelares por parte de la fiscal Sandra Fleitas no fue realizada por escrito, lo que vulneraría lo establecido en el Código del Proceso Penal.
“Estamos ante una violación del derecho a ser informado adecuadamente de los cargos y del principio de legalidad. Además, hay una utilización del sistema judicial con fines políticos que genera un efecto mediático desproporcionado respecto a la etapa en que se encuentra el proceso”, afirmó González.
Carrera fue formalizado el 5 de junio, y si bien la jueza Lorena Juliano desestimó la prohibición de uso de redes sociales, le impuso medidas como la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país. Para la defensa, estas restricciones responden más a presiones externas que a una necesidad procesal.
El equipo legal que patrocina al exsenador cuenta con el respaldo de IHR Legal, un estudio con sedes en Washington y Suiza especializado en causas de derechos humanos y en la denuncia de procesos de “lawfare”, una estrategia judicial con fines políticos. Según trascendió, la presentación ante la CIDH buscará exponer a Uruguay como un caso emblemático de utilización indebida de la Justicia con fines persecutorios.
En el plano político, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez calificó como “asombrosa” la reformulación del caso y defendió la presunción de inocencia del exjerarca. “Confiamos en que la verdad prevalecerá y en que se respeten los principios del debido proceso”, expresó.
Desde el Frente Amplio se maneja que la judicialización de Carrera responde a una escalada de tensiones políticas, que estaría motivada por su rol crítico durante su actuación parlamentaria y como subsecretario del Ministerio del Interior en el pasado gobierno.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación. El futuro del caso, y su impacto en la arena política e institucional del país, dependerá ahora tanto de los tiempos judiciales como de la respuesta de los organismos internacionales a los que recurrirá la defensa.