La Dirección General Impositiva (DGI) se presentó oficialmente como acreedor en el proceso concursal de Conexión Ganadera, con un reclamo de 256 millones de pesos —equivalentes a unos 6,4 millones de dólares— en concepto de impuestos no retenidos por la empresa sobre rentas de capital. La acción, realizada fuera del plazo legal establecido, fue recibida con sorpresa y molestia por los inversores damnificados, quienes la calificaron como “un balde de agua fría”.
La presentación fue realizada días atrás y se fundamenta en que Conexión Ganadera habría incumplido sus obligaciones fiscales al no retener tributos correspondientes a los rendimientos generados para sus clientes. Pese a haberse realizado fuera del plazo de 60 días previsto por la ley concursal, el juez del caso, Leonardo Méndez, permitió su tramitación con la condición de que la DGI pague honorarios especiales a la sindicatura, estimados entre 3.000 y 10.000 Unidades Indexadas.
La gravedad del reclamo radica en que la DGI ostenta la calidad de acreedor privilegiado, lo que le otorga prioridad frente a los más de 4.000 pequeños y medianos inversores que fueron afectados por la caída del esquema de Conexión Ganadera. Abogados representantes de los damnificados manifestaron su rechazo y advirtieron que la decisión del organismo tributario reduce aún más las posibilidades de recuperación para quienes confiaron en el negocio ganadero.
“Llegan tarde, pagan para entrar, y se quedan con una parte importante de lo poco que hay para repartir”, expresó uno de los profesionales vinculados al caso, quien además adelantó que se analizará la posibilidad de impugnar el reclamo por considerarlo inoportuno y perjudicial para el resto de los acreedores.
El reclamo de la DGI se suma a una situación ya compleja: el déficit patrimonial de Conexión Ganadera supera los 250 millones de dólares, y el activo real que ha podido ser verificado no supera los 40 millones. En ese contexto, la presentación del fisco representa un nuevo obstáculo para quienes aspiraban a recuperar al menos una parte de su inversión.
El síndico del concurso deberá ahora evaluar la solicitud y elevar su informe al juzgado, que decidirá si acepta formalmente el crédito del Estado. Mientras tanto, los damnificados temen que este nuevo giro complique aún más un proceso que ya consideran lento, injusto y doloroso.