La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) concluyó que en el caso del suicidio de Milagros Chamorro, ocurrido el 25 de octubre de 2024 en la emergencia del Casmu, existieron “omisiones e incumplimientos” tanto por parte de la mutualista como del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El informe del organismo señala que el caso “evidencia debilidades estructurales del sistema de salud” uruguayo para brindar una respuesta oportuna y adecuada a personas con sufrimiento psíquico o riesgo vital, y advierte sobre la falta de protocolos efectivos de prevención del suicidio en el ámbito asistencial.
Falencias en la atención y supervisión institucional
De acuerdo con el documento, la INDDHH identificó deficiencias en la atención médica brindada por el Casmu a la joven, que se quitó la vida mientras permanecía internada en la emergencia del centro de salud.
El organismo sostiene que hubo fallas en la evaluación del riesgo, falta de seguimiento clínico adecuado y omisiones en la aplicación de medidas de protección que podrían haber evitado el desenlace.
Asimismo, la institución concluyó que el MSP, en su rol de fiscalizador, incumplió su deber de supervisar y garantizar el cumplimiento de los protocolos de atención en salud mental, señalando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y auditoría en los prestadores de salud.
Antecedentes del caso
Milagros Chamorro había denunciado en 2022 haber sido víctima de violencia sexual durante su adolescencia, hecho que derivó en un proceso de atención en salud mental con antecedentes de intentos de autoeliminación.
Según la investigación, pese a su historial clínico y el riesgo evidente, no se activaron las medidas de contención adecuadas durante su última internación, lo que la INDDHH considera una vulneración grave a su derecho a la salud y a la vida.
Recomendaciones y advertencia estructural
El organismo exhortó al Casmu y al MSP a adoptar medidas correctivas inmediatas, entre ellas: reforzar los equipos interdisciplinarios de salud mental, capacitar al personal en detección de riesgo suicida, y revisar los protocolos de atención en emergencias psiquiátricas.
En su conclusión, la INDDHH subraya que este caso “pone de manifiesto fallas sistémicas en la respuesta sanitaria ante situaciones de crisis emocional”, e insta a las autoridades a implementar una política pública de prevención integral del suicidio, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
El informe será remitido al Parlamento y al Ministerio de Salud Pública, a fin de promover un seguimiento institucional que evite la repetición de situaciones similares en el futuro.