Montevideo, 22 de julio de 2025 – La Justicia uruguaya decretó el concurso necesario de las sociedades anónimas Reina Vaca y Oro Rojo, dos empresas estrechamente vinculadas al fondo ganadero Portfolio Capital, tras constatar la existencia de un pasivo estimado en más de 16 millones de dólares y unos 400 inversores afectados. La resolución fue adoptada por el Juzgado Letrado de Concursos y representa un nuevo capítulo en la serie de denuncias por estafa financiera que sacuden al sector agropecuario.
El pedido fue presentado por la abogada Graciana Abelenda, representante de un grupo de damnificados, y se basó en una pericia contable que evidenció la insolvencia de las firmas para afrontar sus compromisos. A partir de ahora, se abrirá un período de 60 días para que los acreedores se presenten ante el síndico designado por la sede judicial, quien será el encargado de validar los créditos y administrar los bienes de las empresas concursadas.
Portfolio Capital, encabezada por Alejandro Berrutti, captaba fondos ofreciendo inversiones en ganado a través de fideicomisos y sociedades, prometiendo rentabilidades superiores al 20% anual. Sin embargo, en mayo de este año la empresa anunció la suspensión de pagos y dejó de responder a sus compromisos, lo que derivó en una denuncia penal por presunta estafa, actualmente en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos.
El Banco Central del Uruguay ya había advertido en 2023 que Portfolio Capital operaba de forma irregular, sin autorización para captar ahorro del público, y le ordenó suspender la oferta de su fondo “Pampas”. Pese a estas advertencias, la firma continuó recibiendo inversiones hasta su colapso.
Abogados que representan a los inversores sostienen que se trató de un esquema insostenible, con características propias de una estafa piramidal, donde los pagos de utilidades dependían del ingreso constante de nuevos aportantes, más que de la rentabilidad real de la actividad ganadera.
Este caso se suma a una serie de antecedentes similares en el rubro, como los de Conexión Ganadera, República Ganadera y el Grupo Larrarte, que también protagonizaron escándalos por incumplimientos financieros.
La apertura del proceso concursal busca dar un marco legal a los reclamos de los damnificados, aunque las posibilidades de recuperar el total del dinero invertido son limitadas. Mientras tanto, continúa la investigación penal para determinar responsabilidades y eventuales delitos cometidos por los administradores del fondo.
La situación pone nuevamente en debate la necesidad de una mayor fiscalización por parte de las autoridades regulatorias sobre los productos financieros vinculados al sector agropecuario, así como la urgencia de promover mecanismos de protección para los pequeños y medianos inversores.