Desde que se empezó a utilizar la sanción económica, que llegó con la LUC de 2020, la Ursec la aplicó en 31 oportunidades en el universo de 2.412 trámites que envió el Ministerio del Interior.
El servicio de emergencia 911 recibe cientos de miles de llamadas que no corresponden, algo que se trata de frenar con la aplicación de multas o el bloqueo de números telefónicos. Pero desde que se empezó a utilizar la sanción económica, que llegó con la Ley de Urgente Consideración de 2020, la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) la aplicó en 31 oportunidades en el universo de 2.412 trámites que envió el Ministerio del Interior.
El sistema funciona así: el Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior detecta llamadas que no son emergencias reales de un mismo número -principalmente cuando son residuales y de bromas y/o insultos-, y advierte al usuario del mal uso que hace del sistema. Hay todo un protocolo que se lleva adelante, que puede incluir el bloqueo del número telefónico. Pero, además, se le informa a la Ursec sobre las posibles aplicaciones de multas, aunque es la unidad quien resuelve si se aplican.
La cantidad de llamadas maliciosas es una preocupación en el Ministerio del Interior. En 2023, se recibieron un total de 1.670.168 al servicio de emergencia 911, de las que 868.926 no eran una emergencia (es decir, el 52%) y 801.242 sí lo eran (el 48%). Solo durante ese año desde la cartera de seguridad se advirtió a 17.248 números por el mal uso del servicio y se bloquearon a 4.448. A los usuarios primero les llega el mensaje de advertencia, en el que se le brinda el contacto del área de calidad del Centro Comando Unificado para que pueda dar sus explicaciones. Y este descargo después se podrá tomar en cuenta para decidir si se lo bloquea.
La situación en la Ursec, apunta a que la unidad agregó “muchas competencias nuevas”, lo que implica “nuevos desafíos”, como son la portabilidad numérica, el registro No Llame, y el control de publicidad oficial y electoral.
Por su parte, la presidenta de Ursec, Mercedes Aramendía, destacó a El País que “lo principal es educar y sensibilizar para que la población haga un buen uso del 911”, de modo que el servicio de emergencia “pueda trabajar mejor”. En ese sentido, apuntó que “el fin no es sancionar, sino que la población sea consciente y tome cuidado sobre el uso” de esta herramienta, al tiempo de que se debe “cumplir con lo que dice la ley”.
Las 31 sanciones que aplicó la Ursec dejaron $ 534.657 desde que se comenzó a aplicar en 2021.
En la LUC se dispuso que este dinero vaya a un fondo de inversiones para mejorar el servicio de emergencia.