La situación judicial del intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, continúa generando expectativa política e institucional.

En la jornada del jueves, la jueza penal Ximena Menchaca decidió postergar la resolución sobre si el exjefe comunal podrá regresar a la Intendencia, debido a que su despacho no había recibido formalmente el fallo del Tribunal de Apelaciones que flexibilizó parte de las medidas cautelares. La nueva audiencia fue fijada para este viernes 27 de junio a las 17:30 horas.

Besozzi fue imputado por diversos delitos vinculados a corrupción en la gestión pública, incluyendo peculado, cohecho y abuso de funciones. Inicialmente, se le impuso arresto domiciliario total con tobillera electrónica y la prohibición de ingresar a oficinas municipales. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones resolvió levantar el arresto domiciliario total, estableciendo un régimen de arresto nocturno, al considerar que la Fiscalía ya contó con tiempo suficiente para reunir las pruebas necesarias.

La fiscal del caso, sin embargo, mantiene su posición contraria a que Besozzi retorne a la sede de la Intendencia, señalando que podría entorpecer la investigación o incluso cometer nuevos delitos. En contrapartida, la defensa del político argumenta que impedirle el ingreso va en contra de la voluntad popular, ya que fue elegido democráticamente por los ciudadanos de Soriano y debe asumir sus funciones de forma plena el próximo 11 de julio. Además, la defensa sostiene que la acusación ya tuvo acceso a toda la documentación necesaria para avanzar con el proceso.

En este contexto, la resolución que adopte la jueza Menchaca este viernes será determinante para el futuro político de Besozzi y podría definir si puede o no ejercer el cargo desde la sede central de la Intendencia. De mantenerse la prohibición, se abre la posibilidad de un conflicto institucional, dado que Besozzi sería intendente electo con restricciones para ingresar a su lugar de trabajo. En caso de que se le permita retornar, quedaría en libertad para desarrollar su labor bajo régimen de arresto nocturno.

El caso ha generado amplio debate político y jurídico, y mantiene en vilo tanto a las autoridades departamentales como a los ciudadanos de Soriano, que aguardan una definición que clarifique el rumbo de la administración entrante.

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