Legalmente correspondía dar el documento y los episodios de su tramitación que generaron una tormenta política, o no constituyen delito o no pudieron ser probados.
Cuando Sebastián Marset cayó preso en Emiratos Árabes Unidos por haber ingresado con un pasaporte paraguayo falso, su familia estaba ansiosa porque pudiera obtener el uruguayo. Para eso, hicieron una serie de gestiones, que incluyó intensas comunicaciones con la entonces cónsul uruguaya en ese país, Fiorella Prado, y una pata en Uruguay –que llevó su abogado Alejandro Balbi– para poder conseguirlo con la mayor celeridad posible. Eso, porque entendían que podía significar su liberación. Pese a las especulaciones sobre presuntas ilegalidades en la forma en la que se obtuvo, el fiscal Alejandro Machado lo descartó.
En su dictamen de archivo, el fiscal analizó una a una todas las etapas de la expedición del pasaporte. El consulado uruguayo le emitió una nota a Marset que decía que estaba en condiciones de gestionar su pasaporte uruguayo –lo que, creían, le serviría para probar ante el tribunal emiratí que no tenía motivos para usar uno falso de otra nacionalidad– y luego, a su pedido, se comenzó a tramitar la obtención del pasaporte en sí mismo.
El desafío era que lograran que el pasaporte viajara en la valija diplomática que Balbi estimaba saldría el 25 de noviembre de 2021. Sin embargo, la valija partió el 24 y finalmente el pasaporte fue entregado en Uruguay a Carlos Balbi (también abogado y hermano de Alejandro) quien se lo dio al hermano de Marset, Diego Marset, que debió viajar a Montevideo a buscarlo expresamente.
Para lograr que llegara a viajar en la valija diplomática, Balbi le pidió al subdirector de Identificación Civil que “adelantara” la emisión del Certificado de Antecedentes Judiciales de Marset, pero esto finalmente no tuvo ningún impacto porque la fecha de salida de la valija no era la correcta.
La Fiscalía, sin embargo, continuará investigando la denuncia realizada por la ex vicecanciller Carolina Ache, quien afirmó que presentó chats que mantuvo con el entonces subsecretario de Interior, Guillermo Maciel protocolizados en la investigación administrativa en el ministerio y que ello llegó a manos del asesor presidencial Roberto Lafluf, a quien acusó de haberlos destruido.