En los últimos diez años, Uruguay ha registrado un alarmante incremento en las denuncias por estafas, con un crecimiento que supera el 2.000%, según datos relevados por autoridades y especialistas. El fenómeno ha encendido las alertas tanto en el sistema judicial como en el ámbito político y social, ante una ola de fraudes que afecta a ciudadanos de todas las edades y niveles socioeconómicos.
De acuerdo con un informe publicado por el semanario La Mañana, este aumento no solo responde a delitos clásicos como el robo de identidad o las estafas telefónicas, sino también al surgimiento de nuevas formas de fraude, muchas veces amparadas en vacíos legales o prácticas abusivas por parte de fideicomisos financieros y estudios jurídicos.
Uno de los casos que genera mayor preocupación refiere a la recuperación de deudas antiguas a través de fideicomisos privados. En varios expedientes se documenta la existencia de montos originalmente pequeños —de apenas 600 pesos— que, tras años de acumulación de intereses y costas judiciales, superan los 250.000 pesos. Estas prácticas, aunque formalmente legales, han sido calificadas por expertos como “ilegítimas” o “excesivas”, al tiempo que el propio Ministerio del Interior ha denunciado públicamente el proceder de ciertas empresas como Creditia.
El fenómeno, además, se agrava por la falta de cultura de defensa del consumidor y por la dificultad que tienen muchos ciudadanos para acceder a asesoramiento legal. En este sentido, se reclama mayor fiscalización del sistema financiero, límites más claros al accionar de los fideicomisos y una revisión profunda de la legislación vigente en materia de cobros judiciales y prescripción de deudas.
La situación actual plantea serios desafíos para las instituciones uruguayas, que deberán enfrentar el doble reto de contener el crecimiento del delito económico y, al mismo tiempo, proteger a los consumidores de mecanismos que, aunque legales, pueden terminar convirtiéndose en una forma solapada de abuso.
Mientras tanto, las autoridades insisten en la necesidad de actuar con cautela, verificar la autenticidad de las comunicaciones financieras y, en caso de duda, acudir a organismos como la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales o al Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas.