El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió adelantar la reunión del Comité de Política Monetaria, prevista originalmente para el 12 de febrero, y realizarla el lunes 26 de enero, en un contexto internacional que la autoridad monetaria definió como particularmente dinámico y disruptivo. La decisión respondió, según el comunicado oficial, a los cambios en el escenario global que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación hacia la meta anual del 4,5%.
Además, el Directorio del BCU anunció la realización de una reunión adicional en marzo, con el objetivo de evaluar con mayor frecuencia la coyuntura económica y dotar a la política monetaria de la flexibilidad necesaria ante un entorno de mayor incertidumbre.
La resolución del Copom
Tras la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), el BCU anunció la reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 100 puntos básicos, llevándola de 7,5% a 6,5%. La medida implica un giro hacia una política monetaria menos restrictiva, fundamentada en la proyección de un desalineamiento de la inflación respecto de la meta oficial.
La inflación acumulada en los doce meses cerrados en diciembre se ubicó en 3,65%, por debajo del objetivo del 4,5% y también por debajo de las expectativas de analistas, instituciones financieras y empresas. En ese marco, el BCU señaló la necesidad de sostener un impulso monetario consistente con el retorno de la inflación al nivel considerado objetivo, que la institución reafirma como un mandato a respetar.
En el comunicado también se menciona que, a nivel internacional, se profundizó la incertidumbre en materia de políticas económicas, lo que derivó en un debilitamiento del dólar, especialmente en América Latina. Esta situación, agregó el BCU, se vio amplificada en el plano doméstico por un mercado de cambios más sensible en las últimas semanas.
Objetivos de la autoridad monetaria
De lo expresado por el Copom y de las posteriores declaraciones del presidente del BCU, se desprende que uno de los objetivos centrales es elevar levemente la inflación, llevándola hacia el nivel de la meta del 4,5%, luego de un período en el que se ubicó por debajo de ese registro.
Otro objetivo relevante es evitar nuevas caídas del tipo de cambio nominal, fenómeno que la autoridad monetaria atribuye en parte a la debilidad del dólar en los mercados internacionales y a su impacto en la plaza local.
Medidas instrumentadas
Para alcanzar estos objetivos, el BCU apunta a hacer más expansiva la política monetaria, aumentando la cantidad de dinero en circulación mediante la reducción de la TPM y la disminución del stock de letras de regulación monetaria, que constituyen un pasivo de la institución. Estas letras se renovarán a un ritmo menor al de sus vencimientos, liberando liquidez en el mercado.
Asimismo, el Banco Central dejó abierta la posibilidad de intervenir como comprador en el mercado de cambios si el dólar no muestra una trayectoria alcista o mantiene su tendencia a la baja.
Consecuencias esperadas y límites
La baja de la TPM debería traducirse en menor incentivo al ahorro en pesos, un mayor gasto en la economía, un incremento de la inflación y, potencialmente, una suba del tipo de cambio, al reducirse el diferencial entre las tasas de interés en pesos y en dólares. Efectos similares se esperan de la reducción del stock de letras de regulación monetaria.
No obstante, la magnitud de estos impactos es difícil de estimar, incluso para la propia autoridad monetaria, y dependerá de cómo reaccione el mercado en las próximas semanas. Si los efectos resultaran marginales, una eventual intervención compradora del BCU en el mercado cambiario podría no tener efectos duraderos, como ya lo ha mostrado la experiencia previa hasta 2020.
En definitiva, las medidas anunciadas van en la dirección buscada por el BCU de elevar moderadamente la inflación y mejorar el tipo de cambio nominal. Sin embargo, será difícil que mejore el tipo de cambio real y la relación tipo de cambio-salarios, variables clave para la competitividad de la producción transable.
Este escenario se da, además, en un contexto fiscal definido por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que introduce nuevos condicionantes sobre el gasto, la actividad y el crecimiento del PIB, cuyos efectos finales podrían diferir de los esperados inicialmente por la política monetaria.