Las recientes declaraciones de la vicecanciller Valeria Csukasi sobre la cantidad de embajadores políticos que tiene Uruguay generaron malestar en la Torre Ejecutiva y repercusiones en el ámbito parlamentario, tanto en filas oficialistas como en la oposición.
En una entrevista publicada por el semanario Voces, la jerarca cuestionó el número actual de designaciones políticas en el servicio exterior y afirmó que la cifra de 20 embajadores políticos es excesiva.
“Hoy no hay nada que justifique que Uruguay tenga diplomáticos políticos en la cantidad que tenemos. Veinte es una exageración”, sostuvo Csukasi, quien además defendió el rol de los diplomáticos de carrera dentro de la Cancillería.
Reacciones en Presidencia
Las declaraciones no pasaron desapercibidas en el gobierno del presidente Yamandú Orsi. Fuentes de Presidencia señalaron que los comentarios de la vicecanciller resultaron “desconcertantes” y “llamativos”, ya que se interpretó que cuestionan decisiones adoptadas por la actual administración en materia de política exterior.
Entre las designaciones realizadas por el gobierno se encuentran varias figuras políticas que hoy ocupan embajadas clave. Entre ellas se destacan:
- Diego Cánepa, embajador en Argentina
- Rodolfo Nin Novoa, embajador en Brasil
- Juan Canessa, embajador en Cuba
- Juan Raúl Ferreira, representante ante el Vaticano
- Rosario Portell, embajadora en Rusia
Asimismo, el gobierno también designó representantes provenientes de partidos de la oposición, como Carolina Ache en Portugal y Beatriz Argimón como delegada ante la Unesco.
Debate sobre el rol de los embajadores políticos
En la entrevista, Csukasi planteó que la designación de embajadores políticos debería responder a criterios estratégicos y a contextos específicos, y no convertirse en una práctica extendida.
“Puede haber un momento en que tener un embajador político en Argentina sea relevante. Otro momento puede ser que sea en España, en Etiopía o en China”, explicó.
No obstante, insistió en que no existe justificación para mantener 20 embajadores de designación política, aunque admitió que podría haber entre cinco y seis cargos de este tipo.
La vicecanciller también advirtió que el predominio de designaciones políticas puede desmotivar al cuerpo diplomático profesional, integrado por funcionarios que acceden a la carrera mediante concursos y formación especializada.
“Tenemos un capital maravilloso de diplomáticos de carrera y no hay necesidad de desestimularlo”, afirmó.
Propuesta de limitar las designaciones
Csukasi recordó además una propuesta incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto, que finalmente no prosperó, y que buscaba establecer límites graduales a los embajadores políticos.
La iniciativa planteaba que:
- Para 2030 el número máximo fuera 10 embajadores políticos.
- Para 2035 el tope se redujera a cinco.
La vicecanciller destacó que el senador colorado Pedro Bordaberry había acompañado esa propuesta, lo que también generó cuestionamientos desde el entorno presidencial.
Tras las declaraciones, una fuente del Ejecutivo expresó con ironía que “no queda claro si Csukasi pertenece al Frente Amplio o al partido de la Cancillería”.
Cómo evolucionó el número de embajadores políticos
El debate sobre la cantidad de embajadores políticos en Uruguay tiene antecedentes en las últimas décadas.
Durante la presidencia de Jorge Batlle, a comienzos de los años 2000, un decreto limitó a cinco las designaciones políticas en el servicio exterior.
Posteriormente, en 2004, el mismo gobierno elevó el límite a diez embajadores. Más tarde, en 2005, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, el tope fue ampliado a 20 cargos, cifra que se mantiene hasta la actualidad.
El respaldo del gremio diplomático
La propuesta de reducir el número de embajadores políticos fue respaldada en su momento por la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay, que reclamó establecer un máximo de diez designaciones para fortalecer la carrera diplomática.
El gremio sostuvo que Uruguay presenta una proporción potencial de embajadores políticos cercana al 35%, un porcentaje superior al de otros países de la región y de democracias comparables.
Según los diplomáticos, la actual situación resulta “desproporcionada” y puede generar un debilitamiento institucional y moral del servicio exterior, afectando la profesionalización de la diplomacia uruguaya.