El gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, ha puesto en marcha una serie de medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Una de las principales iniciativas es la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (SILCON), coordinado por Presidencia e integrado por varios ministerios, incluyendo Interior, Educación y Cultura, y Economía y Finanzas.
El SILCON busca mejorar la coordinación entre las distintas instituciones del Estado para evitar situaciones como la del caso Marset, donde la falta de comunicación entre organismos generó problemas reputacionales para el país. Entre las propuestas en análisis se encuentra la modificación del proceso de expedición de pasaportes en el exterior, eliminando la participación de la Cancillería en estos trámites para agilizar el procedimiento y aumentar la seguridad.
Además, se está trabajando en mejorar la sinergia entre los ministerios y organismos involucrados, con el objetivo de generar una “percepción compartida del riesgo” y una “cooperación y transversalidad en la ejecución de los temas”.
Sin embargo, la creación del SILCON ha generado críticas por parte del Partido Nacional. El diputado Pablo Abdala expresó su preocupación por el alcance de este organismo, argumentando que al estar bajo la órbita de Presidencia, las actividades que se realicen podrían escapar al control parlamentario al que están sujetos los ministerios.
El gobierno, por su parte, ha defendido la legalidad y la necesidad del SILCON para enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado, destacando que la integración por cinco ministros asegura el control parlamentario, ya que todos pueden ser convocados llegado el caso.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia del gobierno de Orsi para abordar los altos niveles de violencia, el acceso a armas y las deficiencias en el sistema penitenciario, con el objetivo de implementar un plan nacional de seguridad pública en los próximos años.