El Ministerio del Interior puso en marcha un operativo nacional de alto impacto para combatir la circulación de motos irregulares, una problemática que afecta la seguridad vial, la convivencia y la prevención del delito. Bajo el nombre “Ñandubay”, el plan ya permitió incautar más de 3.000 motos en apenas tres semanas, con un promedio cercano a 200 vehículos retirados por día en todo el país.
La iniciativa, coordinada por el Ministerio del Interior junto a la Policía Nacional, es considerada por las autoridades como el inicio de una política de Estado. Así lo afirmó el subdirector policial Alfredo Clavijo, quien explicó que el plan fue diseñado tras un año de diagnóstico sobre el “caótico universo” del parque de motos.
Según datos oficiales, Uruguay cuenta con más de 1,5 millones de motos, aunque a la Unidad Nacional de Seguridad Vial le consta que solo la mitad está efectivamente en circulación. Muchas lo hacen sin empadronamiento, sin libreta, sin seguro, sin casco y con matrículas ocultas o inexistentes, configurando lo que Clavijo definió como “una cultura del incumplimiento”.
El impacto del fenómeno es múltiple. En materia de seguridad, las motos se utilizan en el 40% de las rapiñas y el 25% de los homicidios a nivel nacional, cifra que asciende al 40% en el área metropolitana. En tránsito, los motociclistas protagonizan cerca del 70% de los siniestros y representan el 49% de las muertes por accidentes viales. A esto se suma el consumo de recursos policiales y los problemas de convivencia vinculados al ruido, las picadas y la conducción agresiva.
Desde el ministerio señalan que los primeros resultados ya son visibles: mayor uso de matrícula a la vista, procesos de regularización en algunas intendencias y menos fallecidos en siniestros de tránsito en comparación con enero de 2025, apoyados además por el refuerzo de 100 efectivos de Policía Caminera y la participación de la Guardia Republicana.
¿Alcanza con el operativo?
Si bien Ñandubay seguirá activo hasta lograr una reducción contundente de los indicadores, distintos actores plantean que no alcanza solo con controles en la calle. Uno de los focos está puesto en el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras advierte que la evasión en motos ronda el 60%, muy por encima de lo esperable en un sistema sano. Su director ejecutivo, Alejandro Veiroj, subraya que la falta de seguro termina encareciendo las primas y perjudicando a quienes cumplen, obligándolos incluso a pagar deducibles en siniestros con motos ilegales.
En 2025 se concretó el intercambio de datos entre AUDEA, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares y el Ministerio del Interior, aunque desde el sector asegurador entienden que aún falta un control masivo por cruce de información.
Matrícula digital y venta preempadronada
Otra propuesta clave es la matrícula digital con chip, impulsada desde el Congreso de Intendentes. Para César García, director de Sucive, permitiría diferenciar rápidamente el parque formal del informal mediante tecnología, reduciendo la necesidad de controles presenciales permanentes. La iniciativa, sin embargo, permanece estancada pese a propuestas técnicas ya presentadas.
En paralelo, la Unasev plantea atacar el problema desde el origen: la venta. Su presidente Marcelo Metediera recordó que la ley obliga a vender motos nuevas empadronadas y con casco certificado, algo que no siempre se cumple. Entre las medidas sugeridas está no aceptar empadronamientos que no vengan preempadronados, para forzar a los comercios a cumplir.
El destino final
El plan también contempla qué hacer con las motos que nadie reclama. El ministerio acumula unas 60.000 en depósitos y avanza hacia su destrucción definitiva, evitando que vuelvan a la calle. En esa etapa final se prevé la participación de privados de libertad y cooperativas de clasificadores, buscando que el proceso genere empleo.
Para las autoridades, el objetivo es claro: reducir el delito, salvar vidas y ordenar el tránsito. El operativo Ñandubay aparece así como un punto de inflexión, aunque el consenso es que solo con más instrumentos —tecnológicos, legales y comerciales— se logrará acorralar definitivamente a las motos irregulares.